Los Presupuestos de la Junta de Extremadura, aprobados en la Asamblea, han hecho caso omiso a las partidas económicas destinadas a la renta básica. En estos dos años, en la Asamblea se ha acordado destinar 33 millones de euros en prestaciones a parados que carecieran de otro tipo de ingresos, como prestación de la renta.
Sin embargo, el portavoz del Campamento Dignidad, Manuel Cañada, ha mostrado este lunes las partidas económicas aprobadas y las ejecutadas o previstas de materializar en lo que queda de año. Las diferencias son más que notables. De los 33 millones anunciados, se van a quedar apenas en un 40%; traducido a cifras, de los 33 millones pactados entre PP e IU en la Asamblea en realidad solo se van a ejecutar 13.885.000, de los que habrá que descontar el medio millón de euros que cobrará Gepex por gestionar la puesta en marcha de ese servicio.
“Nos parece un escándalo que la Junta de Extremadura se deje por gastar más de 19 millones de euros destinados a la renta básica de inserción”, decían ayer los portavoces del Campamento Dignidad que calificaban ese desfase entre lo aprobado y lo ejecutado como una “estafa”. “Y eso en una comunidad con 170.000 parados, más de 70.000 sin cobertura y con 80.000 personas en la exclusión severa”, recordaba Cañada.
Nueva convocatoria
Por su parte, la consejera de Mujer, Empleo y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, ha asegurado que este martes se aprobará en el Consejo de Gobierno la nueva convocatoria para percibir la renta básica y que abrirá su ventanilla de solicitudes a partir del 31 de octubre.
Podrán ser beneficiarios de la renta básica las personas mayores de 25 años que se encuentren en una situación de exclusión social o en riesgo de exclusión por carecer de los ingresos necesarios para atender sus necesidades básicas. Deben ser residentes en Extremadura y estar empadronados en la región, así como carecer del nivel de ingresos que se establece en la norma. Tras presentar la solicitud, acompañada de una serie de documentación, los trabajadores sociales realizarán un informe que acredita el riesgo de exclusión social de los posibles preceptores.
Según ha explicado la consejera María de los Ángeles Muñoz, las personas que puedan ser beneficiarias de este derecho deberán acudir a los servicios sociales de base de la región, a través de sus respectivos ayuntamientos.
En el caso de que finalmente el solicitante tenga derecho a la percepción de la renta básica de inserción se dictará la resolución favorable y el cobro de la misma se producirá al mes siguiente de su aprobación.
Mientras la consejera explicaba las nuevas medidas, miembros del Campamento Dignidad se concentraban frente a la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida, para denunciar lo que a su juicio constituye una burla a las familias que llevan esperando demasiado tiempo estas ayudas.
Este lunes han calificado el proceso que desarrolla la Junta como “una burla”, y mostrado documentos de numerosas personas que a pesar de tener reconocido su derecho a la prestación desde hace meses, no cobran prestación alguna.
Entre otros documentos, enseñaron un certificado firmado por el jefe de servicio de Renta Básica de Inserción en el que se confirma oficialmente la renovación de la prestación a una usuaria en el mes de junio. Ese papel está fechado en septiembre y se dice que “está pendiente de abono”. Como este caso “hay centenares, es una burla”, indica Manuel Cañada, portavoz de la plataforma.
Campamento Dignidad ha remitido una carta a la consejera pidiendo una reunión para estudiar medidas con objeto de que los perceptores de estas ayudas las puedan cobrar a la mayor brevedad.