La directora general de Tributos de la Junta de Extremadura, Fátima Pablos Mateos, cree que el aumento del número de ocupados, 8.900 más al cierre de 2023 con el consecuente incremento de contribuyentes, y la menor pérdida de población, evidencian que las medidas del Gobierno regional estarían dando sus frutos. aunque admite a la vez que es aventurado hacer una evaluación de la política fiscal en lo que va de legislatura, apenas un año.
Una política fiscal que trata de incentivar la atracción de residentes y fortalecer el tejido productivo, y cuyo objetivo es lograr “una justicia tributaria” que era “inexistente” dada la “elevada” presión fiscal que había, ha apuntado en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura en una comisión del Parlamento autonómico.
Las tres figuras impositivas más importantes que han sido modificadas en su régimen jurídico desde septiembre del año pasado son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
En el primer caso, el IRPF, y de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda de la campaña de la renta 2023, el número de contribuyentes ha aumentado en torno a un 7 % respecto a la campaña anterior, con 557.116 declaraciones, 36.742 más.
Un incremento porcentual “por encima de la media estatal y por encima de todas las comunidades autónomas de régimen común; solamente Navarra presenta un número de declaraciones superior a Extremadura”.
Otra medida que ha mencionado con un efecto “positivo” es la bonificación del 100 % de la cuota del impuesto sobre patrimonio, donde evidentemente se produce una bajada drástica de declarantes, de un 90,8 % ya que solo quienes tienen un patrimonio superior a 2 millones de euros están obligados a presentarla.
En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, la directora general ha recordado que se eliminó para los grupos 1 y 2 (padres/madres, hijos o cónyuges) en herencias que no superen los 500.000 euros por heredero, por lo que espera que “esa medida tributaria no suponga un incremento de contribuyentes” en la comunidad.
El “cambio de tendencia gracias” a las políticas del Ejecutivo extremeño también se observaría, a su juicio, en la menor pérdida de población: “si en el año 2021 a 2022 se perdieron casi 5.000 habitantes en Extremadura, del 2022 al 2023 no llegan a los 2.200”.
No han aportado nada
Sin embargo el diputado de Unidas por Extremaura José Antonio González Frutos ha sostenido que el incremento de contribuyentes no tiene “absolutamente nada que ver con las políticas fiscales, tiene que ver con el incremento de la renta” en la comunidad, y entiende que las medidas tributarias de la Junta no han servido para ganar población.
Además la nueva fiscalidad extremeña es “menos justa” pues se han perdido “70 millones” de euros con una rebaja dirigida fundamentalmente “a los que más tienen”, que habrían servido para “políticas redistributivas” entre los que menos tienen.