El PP no tomará medidas contra Alberto Casero mientras no se le abra juicio oral

El PP mantiene un expediente informativo abierto contra su diputado Alberto Casero y no endurecerá las medidas en su contra por los indicios de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres) mientras no se le abra juicio oral.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Cuca Gamarra, secretaria general del PP, cuando el Congreso está pendiente de que el Tribunal Supremo pida un suplicatorio para proceder penalmente contra Casero, como ha propuesto el magistrado Andrés Palomo en un trámite que aún puede demorarse. “Aplicamos los estatutos”, ha afirmado la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que recalca que no ha cambiado la situación procesal de Casero, quien no ha logrado que prospere su petición para que el juez instructor archivase la causa en su contra.

Los estatutos del PP prevén en su artículo 22.A que un expediente informativo se transforme en disciplinario cuando se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral y que éste resuelva en el momento en el que se dicte la sentencia, no firme, o el auto de sobreseimiento.

Además, el artículo 7.B contempla la suspensión “provisional de afiliación” acordada de forma “automática” por el Comité Nacional de Derechos y Garantías “cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”.

El juez Palomo propone proceder penalmente contra Casero al apreciar indicios razonables de prevaricación y malversación en contratos en marzo de 2017 y diciembre de 2018 en los que se habría incumplido “todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”. El perjuicio indiciario al Ayuntamiento de Trujillo “superaría los 50.000 euros” en pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados.

Ahora, deberá ser el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien remita un oficio al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade la petición a la presidenta del Congreso. Se trata de un trámite preceptivo para continuar con el procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), que al implicar una inculpación formal requiere la autorización del Congreso.

Casero, que en la anterior dirección del PP era secretario de Organización, fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral, aunque mantiene recurrida esta votación ante el Constitucional.