Más de un millar de personas dependientes de casi una treintena de localidades de Extremadura desconocen si seguirán siendo usuarios del servicio de ayuda a domicilio este año en las mismas condiciones que hasta ahora o, en cambio, tendrán que optar por una empresa privada, a pesar de ser una prestación a la que tienen derecho bajo el amparo de la ley de Dependencia.
Esta situación derivada por los cambios que ha introducido en Gobierno del PP y Vox en Extremadura para la financiación del servicio, también ha provocado que actualmente haya 290 trabajadores y, sobre todo trabajadoras, que tampoco saben qué pasará con sus empleos, ha denunciado el PSOE de Extremadura con los 27 alcaldes de los ayuntamientos afectados. Algunos de ellos han tenido que suspender el servicio y otros lo están sosteniendo este mes con fondos municipales.
El secretario de Política Municipal de los socialistas, Valentín García, ha recordado que, hasta ahora, los municipios negociaban con el Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (Sepad) un convenio con carácter anual que entraba en vigor en enero con los fondos necesarios para atender a las personas dependientes en cada localidad con derecho a la prestación. Sin embargo, la Junta ha decidido de forma unilateral modificar el sistema e incluirlo en los programas de colaboración municipal ante el desconocimiento de las localidades que, de esta forma, tendrán que esperar al menos hasta la aprobación de los presupuestos autonómicos para contar con este dinero. En cualquier caso, no hay una comunicación oficial por parte del Sepad por lo que los ayuntamientos no han podido planificar el gasto ni consignarlo en sus cuentas.
Además, el PSOE ha denunciado que la Junta de Extremadura ha aprovechado esta situación para enviar cartas a los usuarios en las que se les sugiere que para seguir disfrutando de la ayuda a domicilio contraten a una empresa privada. Por esto, García ha acusado a la presidenta, María Guardiola, de “intentar privatizar” esta prestación y de convertir el Gobierno extremeño en una “agencia de colocación de empresas privadas”.
Hay que recordar que el PP y Vox nombraron como altos cargos en la Consejería de Salud y Servicios Sociales a profesionales responsables de residencias privadas y seguros médicos. En concreto, el responsable del Servicio Extremeño de Salud (SES) es Jesús Viles Piris, hasta su nombramiento director médico de SegurCaixa, y la gerente del Sepad es Estrella Ángeles Martínez Lavado, hasta ahora agosto directora de la residencia DomusVi de Badajoz, perteneciente a una de las grandes cadenas de residencias privadas para personas mayores de España –y cuestionada por su actuación durante la pandemia–, y a la que Martínez Lavado estuvo vinculada más de una década.
Ante esta situación, el secretario de Política Municipal del PSOE de Extremadura ha exigido a Guardiola que se reúna “a la mayor brevedad posible” con la Federación de Municipios y Provincias (Fempex) “para restaurar el diálogo roto por la Junta” después de no haber abordado este asunto con esta institución ni con los alcaldes afectados, a los que a su juicio “se está faltando el respeto”.
Valentín García ha achacado a la “ineptitud” del Gobierno regional esta situación, que en su opinión también se produjo en los primeros meses de gobierno de José Antonio Monago cuando se cerraron 21 urgencias rurales y se eliminaron los celadores de los centros de salud. Ello demuestra, ha dicho, que “cada vez que gobierna la derecha los derechos peligran y se recortan los servicios públicos”.
Ayuda garantizada este trimestre
Por su parte, el Sepad ha asegurado que el servicio de ayuda a domicilio está garantizado en todos los municipios, por lo que ha criticado al PSOE por generar “alarma”. La gerente, Estrella Martínez, ha subrayado que “todos” los alcaldes recibieron el mes pasado la información correspondiente sobre las cuantías y horas que iban a recibir, “de la misma forma que se venía haciendo -esa comunicación- en años anteriores”.
Además, ha acusado de “dejación de funciones” a los ayuntamientos de Guareña y Villanueva del Fresno por haber decidido, “de manera unilateral”, dejar de prestar el servicio desde el pasado 1 de enero, “más cuando saben, porque así se les ha informado, que el servicio está garantizado”.
Respecto a la fórmula para financiar el servicio, ha explicado que la Junta apuesta por un programa de colaboración económica municipal (PCEM) “como mejor herramienta de financiación” frente a las subvenciones directas que se han estado abonando desde 2015. En este sentido, ha señalado que la intervención delegada, ya en el año 2017, advirtió de la problemática de este último sistema e informó de que no iba a ser aprobado para 2024, lo que “pone en evidencia que el modelo anterior no era el correcto y refuerza la nueva herramienta aprobada y aplaudida por todos los implicados”.
Además, ha asegurado que los ayuntamientos cobraban el primer pago de esa subvención en junio y julio, de modo que los ayuntamientos financiaban el servicio hasta ese momento, por lo que ha afirmado no entender la crítica realizada ahora por los socialistas. Según ha indicado, el PCEM supondrá un reparto “equitativo” y una estabilidad económica para el municipio y permitirá abonar el primer pago en el primer trimestre de este año.
Respecto a la denuncia del PSOE de que el Sepad ha enviado cartas a los usuarios para que pasen a recibir el servicio a través de empresas privadas, Martínez ha indicado que una vez que Guareña y Villanueva del Fresno “cortaron” el servicio a los usuarios, la respuesta “inmediata” que podía ofrecer la Junta era valorar su situación de dependencia para que, “si optaban a ello”, pudieran hacerlo con otras entidades.