La oposición en el Ayuntamiento de Cáceres (PSOE, C's y CACeresTú) han exigido la dimisión inmediata de la edil de Medio Ambiente, Montaña Jiménez tras conocerse que su padre es propietario de parte de los terrenos en los que se proyecta el futuro parque comercial.
Los portavoces del PSOE, Luis Salaya; Ciudadanos (C's), Cayetano Polo, y Cáceres Tú (CACeresTú), Consuelo López, han considerado inadmisible este hecho, ya que Jiménez no debería haber participado en las deliberaciones y votaciones sobre este asunto al estar implicado un familiar directo.
Han señalado que desde el momento en que se empezó a abordar este asunto en los diferentes órganos municipales, la edil debería haberse ausentado en las votaciones, al igual que han hecho los concejales de sus grupos cuando haya podido existir un conflicto de intereses.
“No entendemos -han añadido los portavoces- cómo Jiménez puede decir que no le dio importancia y que quizá se debería haber abstenido, cuando lo que debe hacer es no participar en las deliberaciones y votaciones. Y ausentarse de las mismas cuando estas se producían”.
El PP se defiende
El equipo local de Gobierno de Cáceres ha afirmado que la concejala “no ha cometido ningún tipo de irregularidad”. Defiende “la honorabilidad” de la edil e incide en que se trataba de una propuesta de viabilidad de un proyecto que salió adelante con los informes técnicos favorables y con los votos de PP, PSOE y C's, y la abstención de CáceresTú.
Por este motivo, el voto de la concejala a la que hace referencia la oposición “no era ni necesario ni determinante para la aprobación de un proyecto que será muy beneficioso para la ciudad por la generación de oportunidades y empleo”. Ha señalado que la edil no se abstuvo en ese punto al entender que se trataba de una consulta relativa a la viabilidad y no de aprobar proyecto o recalificación alguna.
“En el caso de haber cometido un error por no haberse abstenido, la concejala ha mostrado su total disposición a subsanarlo”. Según justifica el PP estos terrenos contaban ya con la calificación y el uso comercial en 2010, bajo gobierno socialista.