El Pleno de la Asamblea ha aprobado instar al Gobierno extremeño a poner en marcha un protocolo para que el Servicio Extremeño de Salud (SES) emita las tarjetas sanitarias individuales con el nombre el género sentido, así como este género, para los transexuales que lo pidan.
Se trata de que la Junta cumpla con la Ley LGTBI y ponga en marcha ese protocolo. El objetivo es que no sea necesario una modificación previa de los datos en el Registro Civil, en el DNI o el pronunciamiento de los juzgados en el caso de menores.
Es una Propuesta de Impulso de Podemos que ha sido apoyada por el PSOE, mientras que el PP y Ciudadanos (CS) se han abstenido, mientras que ha habido un voto en contra.
“Igualdad sanitaria”
En su defensa la diputada de la formación morada Jara Romero ha subrayado el trabajo de diversos colectivos LGTBI en este tema y que hay muchas normativas nacionales y de la UE destinadas a lograr la “igualdad sanitaria” de todas las personas pero que persisten discriminaciones sexuales y que muchos responsables públicos no entienden que “hay niñas con pene y niños con vagina”.
Ha subrayado que estas personas deben ser tratadas de acuerdo con el sexo con el que se identifican“ a pesar de la actual e intolerante ”dualidad“ impuesta entre los sexos, contra la que se debe luchar ya que hay transexuales que ”sufren cada días batallas“ para que sanitariamente se les trate según su íntima identidad sexual y se reconozca sus naturalezas, entre otros temas. Esto debe hacerse mediante medidas concretas que surjan de actos de ”voluntad política“.
Desde el PSOE la diputada María Teresa Macías ha señalado que la Junta emitirá nuevas tarjetas sanitarias “con el nuevo nombre y sentido” de las personas, aunque es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el responsable del servicio a los pacientes, que “debería cambiar sus datos”.
Ha explicado que desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comenzó a “ver la luz” pero que el PP limitó luego los derechos de los transexuales.
Las abstenciones de PP y C's
Por su parte, el del PP Gema Cortés ha dicho que el anterior Gobierno regional ya defendía este tipo de derechos con la aprobación de la Ley LGTBI, que es “muy clara”, pero que el de Guillermo Fernández Vara no trabaja para desarrollarla reglamentariamente y aplicarla.
Ha explicado que la tarjeta sanitaria depende de la Administración sanitaria, de la Seguridad Social, y del Registro Civil, y que no será útil mientras no se desarrolle la Ley y haya coordinación entre la región y el resto del país.
La parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha dicho que hay normativas y reglamentos legales que regulan esta cuestión, sobre todo en puntos como la atención tempranamente a estas personas, que hay que cumplir. De la tarjeta ha dicho que es “una cuestión estatal” y que la demanda quizá debería haber sida dirigida al Gobierno central y que la Junta debería trabajar para aplicar la Ley LGTBI.