El PP de Extremadura se sumará a la concentración de este martes en defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz por considerar que la planta no puede cerrarse por un “capricho ideológico” de Pedro Sánchez que acabaría con el medio de vida de tres mil familias de la comarca del Campo Arañuelo.
Alcaldes de una treintena de municipios del entorno de la central protagonizan mañana una concentración frente a esta instalación energética para exigir que se prolongue su actividad más allá de 2028, fecha en la que el Gobierno central prevé su cierre.
Dirigentes del PP participarán en la protesta para defender “los intereses de los extremeños y el medio de vida de muchas familias y de las industrias de la región”, ha aseverado este lunes el portavoz del partido, José Ángel Sánchez Juliá.
Ha subrayado que su partido no va a consentir se ponga el “freno” a Extremadura por parte del Gobierno de España y ha argumentado que la continuidad de la planta no es solo una cuestión de región, sino también de Estado.
Almaraz produce el 7 por ciento de toda la energía que se consume en España, además de aportar 450 millones de euros de recaudación a las arcas públicas.
Se ha preguntado además “qué pasa por la cabeza del presidente del Gobierno” cuando el resto de países europeos habrían abandonado según el PP los planes de cierre de centrales nucleares, así como si su ex ministra Teresa Ribera, ahora desde su responsabilidad como comisaria europea, va a flexibilizar su posición para el resto de Europa pero para Extremadura y España.
La continuidad de la central de Almaraz fue una de las demandas que la presidenta de la Junta, María Guardiola, formuló el pasado viernes al jefe del Ejecutivo en el seno de la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, un foro que a juicio de Sánchez Juliá perdió su utilidad debido a que Sánchez “puso las siglas por delante” sin intención de dar solución a las comunidades autónomas.
Frente a ello, ha valorado, María Guardiola “alzó la voz” en defensa de los extremeños reclamando una reforma “urgente” del sistema de financiación autonómica y exigiendo soluciones a la falta de profesionales sanitarios que sufre el país.