Vox ha tenido muchas oportunidades de advertir al PP, sus socios de gobierno en Extremadura, que tienen cinco diputados y son indispensables para sostener el Ejecutivo autonómico de coalición: con el presupuesto contra la violencia de género, a favor de la igualdad, las políticas LGTBI, la acogida de inmigrantes... Pero donde la extrema derecha ha dado el toque de atención al PP ha sido en el apoyo a la cooperación internacional, a pesar de la bajada drástica del presupuesto para 2024, de la mano del PSOE.
El debate de una moción sociaista sobre cooperación internacional ha llevado de nuevo este jueves a la Asamblea de Extremadura, como ocurrió en la anterior sesión, acusaciones y descalificaciones entre PSOE, PP y Vox, pese a los llamamientos al respeto de la presidenta de la Cámara, Blanca Martín. No obstante, aunque la iniciativa, que ha contado con una enmienda del PP será aprobada, el debate de la misma ha puesto de manifiesto la diferente visión que sobre la cooperación tienen estos partidos.
La portavoz socialista, Soraya Vega, ha justificado la moción en que desde la conformación del gobierno PP y Vox, una de las primera consecuencias ha sido el señalamiento de la cooperación internacional como una actividad innecesaria y ajena a la voluntad de la población extremeña. La moción pide trabajar para garantizar una mayor dotación presupuestaria en materia de cooperación al desarrollo, que permita avanzar hacia el objetivo del 0,7% de los presupuestos de la Junta, objetivos compartidos por el PP, que, no obstante, cree necesaria una mayor transparencia en la gestión de las subvenciones, como así lo indican en su enmienda.
En este contexto y como ejemplo para justificar la necesidad de transparencia en la gestión, el portavoz del PP, José Angel Sánchez Juliá, ha dicho a la Fundación Mujeres recibió 2 millones de euros y el 70% ha sido para gasto de personal o Alianza Solidaridad, al frente de la que está un exalcalde socialista y cuya sede “es un edificio a medio construir y cerrado a cal y canto”. También ha citado el caso de la Fundación Musol, en Valencia, cuyo presidente es un exalto cargo socialista vinculado a José Luis Abalos, que se ha llevado 1,2 millones de euros y cuya sede es un domicilio particular.
La propuesta si contará con el voto en contra de Vox, cuyo portavoz, Oscar Fernández, ha insistido en que su objetivo es cerrar la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID), que a su juicio debería llamarse “de desarrollo del PSOE, de sus mamandurrias y negocietes”.
Además, ha aprovechado para recordarle al PP que al gobierno de la Junta lo sustentan cinco diputados de Vox y que “no se puede soplar y sorber al mismo tiempo” y que “cuando uno hace experimentos con gasesosa se puede atragantar”.