El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias para investigar al extremeño (nacido en Casas de Don Antonio, Cáceres), Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, y a otros cuatro ex policías por un delito de lesa humanidad, en la que será la primera investigación que se lleve a cabo tras varias querellas rechazadas.
En un auto la jueza María Isabel Durántez admite la querella presentada por Miguel Ángel Gómez, representado por la plataforma de víctimas del franquismo CEAQUA, al entender que los hechos descritos “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Se trata de la primera vez que un juzgado acepta investigar la posible comisión de delitos por parte de Billy el Niño, inspector de la Brigada Político Social del franquismo.
Miguel Ángel Gómez presentó su querella en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que fue detenido y torturado en dos ocasiones en los últimos años de la dictadura.
La primera de ellas en 1971, acusado de propaganda y atentado a la autoridad, la segunda en 1973, acusado de asociación ilícita por pertenecer a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), tras lo que pasó 7 días incomunicado en la Dirección General de Seguridad y, posteriormente, 15 días en enfermería antes de ser trasladado a la cárcel de Carabanchel.
Se trata de la primera de las treinta querellas presentadas desde 2017 por víctimas del franquismo que es admitida, después de varios archivos por considerar que los hechos denunciados han prescrito.
De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en octubre del pasado año el archivo de la querella de otra víctima, Felisa Echegoyen, contra Pachecho por un delito de torturas en concurso con otro de lesa humanidad.
Ahora, la jueza abre diligencias en un auto que recurrible y da traslado al fiscal para que informe de la competencia del juzgado sobre los hechos.
CEAQUA ha aplaudido el “avance” que se está logrando como consecuencia del “empuje y la constancia” de las víctimas y ha opinado que esta decisión debe hacer cambiar el criterio de la fiscalía para que empiece a apoyar la investigación de crímenes “tan sumamente graves”.