El PP está dando la gran batalla por una de las propuestas más estrambóticas, en fondo y forma, que se han presentado en este país desde la restauración democrática.
La apuesta que pregona el PP es la creación a la fuerza, por ley, de mayorías estables para retener o lograr el poder, prohibiendo de hecho los pactos postelectorales. Directamente se trata de un estacazo a grupos emergentes como Podemos, pero también la laminación a escala local (por ahora) de grupos minoritarios, aunque la suma de ellos pueda llegar a un 60% de la representación popular.
La contestación a esta propuesta planteada en los últimos minutos del partido, a pocos meses de las elecciones locales, choca sobremanera con una propuesta que también el PP presentará en breve en el Parlamento extremeño: la rebaja de la ley electoral para que formaciones que lleguen al 3% de representación parlamentaria accedan a la Asamblea, sin tener necesidad de lograr el 5% como hasta ahora.
De manera que en los ayuntamientos, el PP lamina las minorías mientras en la Asamblea de Extremadura quiere potenciar que haya más grupos minoritarios.
Es difícil comprender desde la racionalidad las dos varas de medir para dos procesos electorales que se celebran el mismo día, es difícil entender cómo un partido puede apoyar dos posturas contrapuestas al mismo tiempo.
A no ser que en un caso esté mirando sus intereses muy particulares en las grandes ciudades españolas y en el otro tenga que pagar deudas pendientes con sus compañeros de viaje de IU de Extremadura.
Todo apunta en esa dirección. Por tanto, todo hace indicar que bajo las cacareadas reformas y cambios de tal o cual calibre no hay interés real en modernizar, mejorar o modernizar los sistemas electorales.
El único interés que reflejan estas dos propuestas contradictorias es el interés particular del propio PP, o sea, el puro oportunismo.