La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la adjudicación del transporte escolar vigente hasta junio del año que viene, no se aplicará, para evitar una complicación que llevaría a dificultades grandes, y a poner en peligro el funcionamiento de las rutas en el comienzo del próximo curso, en septiembre.
Es el acuerdo práctico salido del encuentro celebrado este lunes entre responsables de la Junta, con su presidente Fernández Vara a la cabeza, y la asociación que recurrió ese concurso de 2012, la de empresarios de transporte escolar de Extremadura (Artex).
Tras la misma el presidente de la asociación, Juan José Campos, ha explicado que por su parte van a renunciar a pedir la ejecución de la sentencia. Por otro lado la Junta tiene dos meses de plazo para aplicarla voluntariamente, “y yo entiendo que no la van a hacer”.
En consecuencia las 478 rutas adjudicadas por el Gobex del PP en 2012 y por un total de cuatro años, hasta el final del próximo curso 2015-2016, las van a seguir haciendo las empresas que resultaron adjudicatarias.
Rutas nuevas
Quedan por otro lado las 145 nuevas rutas, de la enseñanza no obligatoria (FP y Bachillerato), que entraban nuevas el año que viene, y que se contratarán por la misma vía del ‘acuerdo marco’ –una especie de subasta directa- que dejó preparada meses atrás el Ejecutivo de Monago.
La novedad es que las empresas de Artex, que son el 70% del sector en la región, se inscribirán en ese acuerdo marco a primeros de agosto, y participarán en ese sistema de adjudicación de las 145 rutas al que hasta ahora no se habían querido sumar.
Con todo ya preparado para que unas y otras rutas funcionen normalmente con el comienzo del curso escolar en septiembre, “algo que garantizamos, y tranquilizamos a las familias”, añade Campos, se negociará un nuevo concurso “más estable” para a partir del siguiente curso 2016-2017.
El presidente de Artex valora este compromiso de ambas partes, que soluciona un problema complicado, y que ha sido posible por la “responsabilidad” de los empresarios “y la disposición de la Administración al diálogo, cosa que antes no había”.