El próximo 27 de febrero será la fecha en la que, por primera vez, se puedan escuchar las declaraciones de Constantin Gabriel Dumitru y Priscila Lara Guevara, detenidos como presuntos autores del robo de las 45 botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres, que fueron robadas en la madrugada del 27 de octubre de 2021, y que están valoradas en 1,6 millones de euros.
Eso si deciden hacerlo, ya que el magistrado que preside la sala, el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Joaquín González Casso, ha rechazado la solicitud de la abogada de éstos, Sylvia Córdoba Moreno, que solicitaba que sus defendidos pudieran declarar al final del juicio, una vez que se hubiera escuchado a todas los testigos y peritos, por considerar que ello abundaría en una mejor defensión de los acusados.
González Casso, que ha reconocido que hay tribunales que optan por esta opción, ha señalado que no encuentra motivos para alterar el orden de las declaraciones, ya que a los acusados siempre se les da la oportunidad de tener la última palabra, y que, por lo tanto, pueden hacer uso de ella para añadir o rebatir cualquier declaración o prueba que se haya practicado durante el juicio.
El magistrado también ha rechazado la petición de nulidad del procedimiento que pedía la defensa, que argumentaba que, durante la investigación e instrucción del caso, se habían vulnerado en extremo los derechos fundamentales de sus clientes, al haberse practicado “diligencias sumamente invasivas” como la geolocalización de sus teléfonos móviles y el acceso al contenido de estos, entre otros aspectos.
González Casso justificó la desestimación de esta petición, al indicar que todas las actuaciones policiales se han llevado a cabo siempre con la autorización de la jueza instructora del caso, la titular del juzgado número 4 de Cáceres y con el visto bueno de la Fiscalía. Añadió también que en todo el procedimiento se ha tenido un respeto escrupuloso a la proporcionalidad de las actuaciones con la gravedad del delito que se está juzgando.
Igualmente, ha desestimado por presentarla fuera del plazo procesal la petición de la abogada defensora que pedía que se practicara un informe forense de toxicología a sus clientes, por si una posible dependencia a las drogas pudiera ser un atenuante, aunque sin embargo, si ha admitido un informe que el abogado Rafael Montes, que representa a la compañía aseguradora de Atrio, que está personada como acusación particular, ha presentado sobre el valor pericial de los vinos robados, que se estima en cerca de 800.000 euros. Una cantidad similar a la que la aseguradora pagó, cinco meses después del robo, a los propietarios de Atrio.
La abogada no ha logrado que se admitiera ninguna de sus peticiones durante el abordaje de las cuestiones previas, ya que también se le ha desestimado, por irrelevante para el caso, la solicitud de unos informes sobre si la detenida Priscila Lara, tenía permiso de residencia en Holanda, y si constaban antecedentes policiales sobre ella por un robo de una botella de vino en el Barrio de Salamanca en Madrid, en el que sí habría estado involucrado Constantin Dumitru.
La abogada, a la salida de esta primera sesión, fijada para ver si había posibilidad de llegar a un acuerdo y para abordar las cuestiones previas, ha mostrado su malestar por no haberse atendido ninguna de sus peticiones, sobre todo la referente a que sus defendidos pudieran declarar al final del juicio, cuando ni la fiscal del caso, Carmen Barquilla, ni el abogado de la acusación particular se opusieron a ello,
Sin embargo, el presidente de la sala sí ha aceptado la incorporación como prueba de un informe sobre el valor pericial de los vinos presentado por la acusación particular, cuando, en su opinión, se ha presentado de manera “extemporánea y sorpresiva”.
En cuanto a su petición de un informe forense de toxicidad de los detenidos que pudieran servir como posibles atenuantes, la abogada ha señalado, a pregunta de los periodistas, que esa solicitud no indica, en absoluto, que esté reconociéndose la culpabilidad de éstos, sino que ella como abogada debe buscar la defensa más amplia posible para sus clientes.
Imposible el acuerdo de conformidad
Alcanzar un acuerdo de conformidad ha sido del todo imposible, ha dicho Córdoba, porque “para llegar a un acuerdo se nos pedía que se entregaran las botellas de vino y no se puede entregar aquello de lo que no se dispone”.
Además, la rebaja de prisión que proponían las acusaciones implicaba de todos modos continuar en la cárcel, cuando sus defendidos, que estuvieron presentes mientras se discutían los términos del acuerdo, sólo hubieran aceptado alguno que supusiera una pena inferior a los dos años de cárcel y que, por lo tanto, pudieran salir de prisión.
Añadió que el hecho de que se demuestre que los detenidos estuvieron esa noche en Atrio tampoco demuestra que fueran los autores del robo, “este es un juicio donde no va a haber pruebas objetivas y pruebas directas, habrá indicios”.
Las pruebas testificales tendrán lugar en la siguiente vista oral, que dará comienzo el lunes 27 de febrero, a las 9,30 horas, y continuarán en una segunda sesión el 1 de marzo.