La Asamblea de Extremadura apoya, con el rechazo del PP, una propuesta contra el Síndrome de Alienación Parental
La Asamblea de Extremadura ha respaldado este jueves una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura contra la aplicación de la falsa teoría denominada “Síndrome de Alienación Parental” en los servicios públicos de protección a la infancia y a las mujeres víctimas de violencia de género y de la violencia vicaria. La iniciativa, que incluye una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista, ha salido adelante con el apoyo de esta formación, el rechazo del PP y la abstención de Cs.
La propuesta insta a la Junta a garantizar que ningún servicio u organismo con financiación pública en Extremadura, dentro del ámbito de sus competencias, hace uso de esta teoría pseudo-científica y a poner en marcha un espacio único de atención integral a los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales o con sospechas de que lo pudieran haber sido, siguiendo el modelo de las Casas de Niños.
En la defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha felicitado de que finalmente, tras la “rectificación” del PP, se haya acordado en la Asamblea una declaración institucional contra los crímenes machistas, algo que no es posible en otros Parlamentos por “la entrada de la extrema derecha”.
“Extirpar este terrorismo”
En su opinión, el compromiso debe ser “absoluto e inquebrantable para extirpar de una vez por todas este terrorismo que nos asola”, con “un recrudecimiento de los crímenes de la violencia machista en los últimos días”, mencionando a Olivia, Beatriz, Rocío, etc, y 20 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año.
La propuesta, ha dicho, trata de “una violencia sutil, que no deja marcas en el cuerpo, pero destruye y aniquila a muchas mujeres, niños y niñas”: el SAP, acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985 -que “acabó siendo juzgado por pedofilia”- y que “no ha sido reconocido como una patología por ninguna institución médica, psiquiátrica o científica”.
Por desgracia, el SAP, que se basa en “falsos estereotipos machistas, como que las madres son unas manipuladoras vengativas que quieren evitar las relaciones paternofiliales”, se sigue aplicando “en numerosos procedimientos judiciales y evaluaciones”, lo que supone “una vulneración absoluta de los derechos procesales de los niños y condena a las madres a un infierno judicial que puede acabar con su encarcelamiento y la pérdida de custodia de sus hijos”.
Es el caso de la extremeña Sara, a la que “se le aplicó el falso SAP y le han caído cuatro años de cárcel por sustracción de menores” después de declararse “el sobreseimiento provisional” de su denuncia contra la pareja por abusos sexuales a la hija mayor de ambos, la menor no tiene la filiación paterna reconocida. Mañana se celebra en Zafra el juicio donde “se dirime la patria potestad de las hijas”.
De Miguel ha señalado que, según diversos estudios, se calcula que entre un 15 y 20 % de niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir 18 años, en torno al 86 % por parte de hombres, y que generalmente los casos condenatorios se dan solo cuando existen “pruebas físicas evidentes”.
La diputada socialista Soraya Vega ha defendido igualmente que el SAP no existe, aunque algunos se empeñen, mientras que la violencia vicaria sí existe, por más que algunos la nieguen, pero coinciden en algo: “son dos herramientas tremendamente perversas para dañar a las madres”.
Vega ha mencionado la adecuación de las normas y estrategias a esta realidad, como la reciente Ley de la Infancia y la modificación de la de Violencia de Género, y se ha preguntado, ante el “peligroso” cuestionamiento de estas situaciones, dónde se sitúa el PP, “con la Constitución o en el populismo de la ultraderecha, que niega esta realidad”, convirtiéndose en cómplice“.
El PP niega la violencia institucional contra la mujer
La diputada popular Inmaculada Sánchez Polo ha echado en falta que De Miguel nombrase en su discurso a Yaiza, asesinada por su madre en Barcelona, y tras mostrarse de acuerdo en el rechazo al SAP, ha indicado que se niegan a aceptar que exista violencia institucional contra las mujeres, como afirma Unidas, mostrando su “máximo respeto” por el poder judicial y los servidores públicos.
Juana Rivas, por su parte, ha sido recordada por la parlamentaria de Ciudadanos Encarna Martín Andrada, quien ha pedido el indulto para ella. La formación naranja comparte todos los puntos de la iniciativa presentada por Unidas si bien le ha afeado que rechace la figura del coordinador parental, un “profesional imparcial que protege a los niños y ofrece pautas a los padres con alta conflictividad”, además de ser “una titulación propia en universidades”.
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