El final de la Guerra en abril de 1939 solo fue el cese de las operaciones militares. Hubo otra “guerra” que los rebeldes franquistas articularon en su retaguardia desde los primeros momentos del golpe de Estado y que ampliaron a la zona republicana recién conquistada. El Campo de concentración de prisioneros de Castuera tuvo un papel clave en la gestión de esa “guerra” contra el enemigo interior que provenía de la llamada “zona roja”. El Campo de Castuera no dependió de la Inspección de Campos de Concentración (IPCC), que empezó a funcionar en julio de 1937. Su organización fue encomendada a una División militar, la 21 División, del Ejército del Sur (II Cuerpo de Ejército). Las funciones que desempeñó a lo largo de su año de existencia (marzo de 1939 a marzo de 1940) están dentro de las tres principales que indicaba el IPCC: clasificación de la disidencia, reeducación en los valores de la “Nueva España” y represión. Estos objetivos fueron desarrollados con desigual intensidad durante su funcionamiento y según esa gradación así puede establecerse una cronología aproximativa:
Marzo-junio de 1939. Clasificación, represión y aniquilación selectiva.
Julio-octubre de 1939. Clasificación, represión, prisión preventiva y reubicación de los prisioneros en otros campos y prisiones.
Noviembre de 1939 a marzo de 1940. Funciones como Prisión Central, pasando a depender de la Dirección General de Prisiones.
La construcción del Campo de Castuera respondió a un organigrama represivo perfectamente diseñado. El 4 de marzo de 1939 se daba la orden de su creación y para mediados de ese mes ya estaban asignados y trabajando dos batallones de trabajadores, formados por prisioneros republicanos, que levantaron sus instalaciones. A principios de abril los barracones desmontables ya albergaban un importante número de soldados republicanos que se habían entregado a las unidades franquistas a pie de trinchera. Los Campos provisionales establecidos en el derrumbado Frente Extremeño fueron concentrando y clasificando los soldados republicanos que poco a poco fueron trasladados al Campo de Castuera. Además de estos Campos provisionales ubicados en la zona norte de la provincia, concretamente en las comarcas de La Siberia-Los Montes (Cíjara, Valdecaballeros, Fuenlabrada de los Montes, Siruela, Casas de Don Pedro…), también hubo Campos en la zona de Toledo, Ciudad Real y Córdoba que enviaron transportes de prisioneros al Campo de Castuera.
Otro aspecto importante que indica la intencionalidad represiva que las autoridades militares franquistas depositaron en el Campo de concentración fue el nombramiento de Ernesto Navarrete Alcal como primer Jefe de Campo. El historial de este Guardia Civil, sublevado desde el primer instante del Golpe de Estado y ya contrastado por importantes monografías, explicaría parte de lo ocurrido en los primeros tres meses de funcionamiento del Campo. Junto a Navarrete actuó el Servicio de Información de Policía Militar (SIPM), con el también Guardia Civil Manuel Carracedo al frente. Como ya expresamos en otra publicación la Comisión de clasificación que actuó en el Campo de Castuera estuvo controlada por dicho SIPM que practicó además “limpieza” de los pueblos recién ocupados por los rebeldes llevando a cabo “un plan de represión y exterminio”.
Pero el listado provisional de “desaparecidos” no sólo se nutre de las sacas periódicas realizadas desde los barracones de incomunicados donde fueron hacinados los oficiales del ejército republicano junto con políticos y sindicalistas que habían defendido la legalidad republicana. Hubo búsquedas individuales y colectivas de prisioneros por parte de elementos, normalmente falangistas, que llegaban procedentes de distintos pueblos con listados preparados. Ya han sido documentados los casos de Cabeza del Buey o de Valle de La Serena. Sin olvidar las extracciones individuales de prisioneros como lo ocurrido con el Alcalde de Zafra, José González Barrero, sacado del Campo por dos Guardias Civiles y entregado a unos falangistas de su pueblo, que lo asesinarían en las inmediaciones del Campo. Las muertes por enfermedad y los asesinatos arbitrarios dentro de sus instalaciones completarían el panorama de un espacio represivo del que se siguen recabando datos importantes como los listados de altas y bajas que aparecen en el fondo del Tribunal de cuentas, ahora depositado en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica en Salamanca. Aunque como ya se ha expuesto reiteradamente por diversos autores sigue siendo escandalosa la dificultad de acceso, incluso de nulo acceso, a la documentación histórica de la represión franquista.