Afirman que la situación de paro, pobreza y precariedad no solo continúan, sino que además se han agravado.
Los Campamentos Dignidad de Extremadura han acampado de manera indefinida frente a la Casa del Presidente para denunciar el “incumplimiento” del Gobierno regional en materia de vivienda y economía social. Se han sumado a la protesta la Red de Solidaridad Popular de Cáceres y otros movimientos sociales.
Dicen que desde que se reunieran con Fernández Vara en julio de 2015, las gestiones sobre la renta básica de inserción y la pobreza energética no se han cumplido tal y como se prometió.
En torno a la renta básica dicen que de los 86 millones de euros que presentaron en la campaña electoral, “solo han reflejado en el proyecto de los presupuestos algo más de la mitad”, mientras que en el apartado de la pobreza energética, de los 12 millones indicados al principio “solo han destinado 5 millones”, aparte de no retribuir la ayuda solicitada por las familias.
Otra de las cuestiones que reclaman son planes de empleo. A juicio de los activistas la Junta “sigue con la misma política del gobierno anterior, regateando los fondos que transfiere a los ayuntamientos y provocando en muchos casos una diferencia salarial con otros trabajadores que realizan las mismas funciones”. Exigen que se destinen al menos otros 86 millones de euros para garantizar un mayor número de contratos de empleo público de calidad.
En materia de vivienda piden la puesta en marcha de las ayudas al alquiler en el Plan Estatal de Vivienda y un acuerdo entre la Junta y la SAREB para la cesión de inmuebles vacíos a familias en situación de emergencia social. “Únicamente han conseguido 45 viviendas, cuando centenares las que deberían reclamarse. Por último, reclamamos que la Junta intervenga en la terminación y adecuación de bloques vacíos o inacabados, para ponerlos a disposición de las familias”.
Por otro lado los movimientos acampados han mostrado su repulsa y condena por el encarcelamiento de Andrés Bódalo, jornalero militante del SAT. El concejal de Jaén en Común fue arrestado en la mañana de este miércoles después de negarse a su ingreso voluntario en la cárcel, condenado a tres años y medio por haber agredido en 2012 a un edil el PSOE en el transcurso de unas protestas en Jódar.
Para los movimientos extremeños el delito de este activista “ha sido reclamar los derechos sociales, el pan, el trabajo y la dignidad”. “Este acto de represión se suma a una larga lista de represaliados por los mismos motivos. Es urgente poner fin a esta política de criminalización de la protesta social”.