El sindicato CSIF ha exigido este miércoles a la Junta de Extremadura que retire el pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de transporte sanitario terrestre por ser publicado sin que se haya firmado el convenio colectivo del sector, contener “cientos de errores” de cálculo y no recoger subidas salariales durante cuatro años. No es la única crítica que ha recibido la propuesta que presentó la consejera de Salud, Sara García Espada: el sindicato USO explicó esta semana que el pliego es “postureo”, que “no resuelve nada” y con él la Junta “solo quiere ponerse medallas”.
“Si no lo retiran, CSIF lo impugnará”, ha advertido en rueda de prensa el secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF, Francisco Fernández, quien junto a los coordinadores del sector privado del sindicato en las provincias de Badajoz y Cáceres, Máximo Blanco y María José González, respectivamente, han analizado el pliego de condiciones elaborado por el Gobierno extremeño.
Según CSIF, el anuncio del incremento salarial del 17,86% por parte de la Administración autonómica no es real. Además, el importe estimado para costes salariales ha sido cifrado por la Junta en 47 millones de euros sin que se recojan actualizaciones de IPC para los próximos ejercicios y alejado a los 49 millones que estima el CSIF. De hecho, estos 49 millones se ajustarían a los importes salariales que recogerá el nuevo colectivo del sector, cuya firma se prevé a finales de septiembre. “¿Por qué la prisa de publicar un pliego antes de que se firme el convenio del sector?”, se ha preguntado Fernández.
Blanco ha explicado que el incremento del coste salarial global estimado por la Junta atiende a tres conceptos salariales: salario base, antigüedad y plus del convenio, pero no se recoge para los diversos pluses existentes en numerosos empleos, como la nocturnidad. Tras explicar que el 40% de algunos salarios se sustentan sobre otros pluses, Fernández y Blanco han remarcado sus críticas a que el incremento del 17,86 % no es real. “No es seguro que el trabajador vaya a cobrar dicho incremento”, han remarcado.
Además, dicho incremento constituye “un punto favorable” para la empresa que quiera recogerlo en su oferta de cara a ser elegida como adjudicataria, pero no es obligatorio.
“Hay errores garrafales de cálculo”, ha expuesto Fernández, quien ha criticado a la Junta por tratar de “imponer” sus criterios en vez de “mediar” entre empresas y sindicatos a la hora de abordar el convenio colectivo.
Asimismo, los representantes sindicales han advertido de que el pliego de condiciones obliga a tener un mínimo de cuatro trabajadores en el Centro de Coordinación de la empres que resulte adjudicataria, la cual, en el caso de querer ajustarse a esa cifra, podría conllevar el despido de más de una veintena de trabajadores, pues actualmente la cifra es de una treintena.
Por otra parte, CSIF ha cifrado en casi 13 millones de euros el dinero conjunto de las cantidades salariales demandadas por trabajadores y exempleados a través de reclamaciones laborales a las empresas adjudicatarias del servicio entre 2018 y 2022. En concreto, 849.000 euros en la provincia de Badajoz y 11,6 millones en la provincia pacense.
El actual contrato del servicio de transporte sanitario ha sido prorrogado 'sine die' hasta que se resuelva el nuevo proceso de adjudicación.