La pobreza ha aumentado en el último año en Extremadura. El 44,3 por ciento de los extremeños en 2017 estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 26,6 de la media nacional.
Esta cifra supone un aumento de 8,5 puntos respecto a 2016, cuando la tasa afectaba al 35,8 % de la población extremeña. Son los datos del indicador AROPE, que señala a 478.242 extremeños en riesgo de pobreza. Extremadura se sitúa a la cabeza, y tras ella las comunidades de Canarias, Andalucía y Ceuta. En el lado opuesto está Navarra.
Análisis de datos
En el último año se han contabilizado 80.000 extremeños más en riesgo de pobreza, muchos de ellos arrastrados por la precariedad en el empleo. Se suma otro dato: la tasa es un 25 por ciento superior a la de 2009.
María Teresa Suárez, presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Extremadura, explica que ha habido un aumento de personas que trabajan durante más meses, pero el trabajo no tiene una repercusión directa. “El crecimiento económico no está teniendo una repercusión. Estamos hablando de empleos más precarios y de peor calidad”.
En líneas generales la pobreza tiene rostro de mujer en Extremadura y se habla de familias ‘monomarentales’. “Teníamos la visión de una persona que pide, o que va mal vestida, que busca entre la basura. No es ese el rostro, estamos hablando de un perfil de personas trabajadoras que siguen siendo pobres”.
Varios indicadores de análisis
El índice Arope incluye varios subindicadores, el primero de ellos el relativo a la tasa de pobreza o pobreza relativa, donde se incluye a las personas con un umbral de renta de 710 euros mensuales (8.552 al año). En Extremadura están bajo este umbral el 38,8 por ciento de la población, lo que supone 418.000 personas.
Se suma la privación material severa, que afecta al 5,6 por ciento de la población extremeña (60.496 personas). Se incluye a las personas que no pueden permitirse una comida de carne o pollo cada dos días, mantener la vivienda a temperatura adecuada, no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos o retrasos en los pagos de vivienda.
Otro de los subindicadores es la baja intensidad en el empleo, que se refiere al número de meses trabajados por el número de meses que podrían trabajar los miembros en edad activa del hogar. En Extremadura el 15,4 por ciento de la población está en hogares con baja intensidad en el empleo, con un total de 123.464 personas. EAPN explica que es un indicador que se ha mejorado respecto al año anterior, aunque hoy en día tener un empleo no garantiza salir de la situación de pobreza, ya que todos los indicadores sobre condiciones de vida han empeorado.
Demandas a las administraciones
Ante esta situación EAPN Extremadura reclama a las administraciones diferentes líneas estratégicas, entre ellas la garantía de ingresos para las familias y una política de rentas mínimas que asegure un nivel de vida digno a todas las personas.
También solicitan una vivienda digna para poder desarrollar los procesos de inclusión y políticas económicas y fiscales redistributiva. Junto con un sistema educativo, un sistema sanitario universal y unos servicios sociales que cumplan la ley de autonomía personal y la atención a la dependencia.
Instan a orientar los fondos estructurales de la UE, “porque se debe dedicar al menos el 20 por ciento a inclusión social y la lucha contra la pobreza”. Suman políticas trasversales que presten atención al impacto de género, la gestión de la diversidad y atajar el problema rural y urbano para paliar la despoblación.
A su juicio, debe existir “más voluntad política y una inversión social fuerte” porque “aunque el grado de concienciación ha aumentado, la pobreza y la exclusión siguen determinando la vida de millones de personas en el mundo”, informa la Agencia Efe. Es necesaria, ha dicho, una “mirada integral” porque la pobreza tiene “muchísimos rostros y diferentes”.