Extremadura se ha ofrecido a acoger a migrantes a parte de los 9.000 inmigrantes llegados a Canarias y que permanecen en las islas, como también han hecho ya la Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Aragón y la ciudad de Barcelona.
El Gobierno central sigue buscando soluciones a la crisis migratoria en Canarias, pero sin trasladar de forma regular a la Península a todas personas que llegan a las islas, una demanda del Ejecutivo canario, que se niega a seguir siendo el único territorio que sostenga la presión de la llegada de pateras.
Este viernes, la acción del Gobierno se ha desplegado en Las Palmas de Gran Canaria con la visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y en Marruecos, con el viaje del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Escrivá ha anunciado que se habilitarán con carácter de urgencia campamentos con 6.000 plazas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para ir acogiendo a los inmigrantes que ahora se reparten por 17 complejos turísticos y, de forma paralela, trabajará para dotar de otras 7.000 plazas estables en el interior de inmuebles.
El plan se apoya, en buena medida, en los terrenos e inmuebles cedidos por el Ministerio de Defensa en tres islas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Bankia.
Escrivá ha destacado que “el 90 %” de los 18.348 inmigrantes que han llegado en patera a las islas en lo que va de año “son expulsables a sus países de origen” y ha recalcado que los traslados a la Península que puede promover su departamento se ciñen exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad.
En esta misma línea, el ministro del Interior ha explicado hoy que el Gobierno quiere evitar que Canarias se convierta en la “vía de entrada irregular en Europa”.
El ministro ha hecho estas declaraciones en Rabat, adonde se ha trasladado por séptima vez desde su nombramiento en un viaje interpretado como un intento de mayor cooperación del Gobierno marroquí para reforzar las repatriaciones de sus nacionales, dado que son más de la mitad de los migrantes llegados irregularmente a Canarias.
Marlaska respondía a una pregunta sobre los eventuales traslados a la Península: “Cuando se habla de traslado a la Península (digo): hay que luchar contra la emigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa”.
A continuación ha querido aclarar que “las políticas migratorias son del conjunto de la UE, y no solo de España”, al tiempo que ha insistido, al igual que explicó recientemente la ministra de Administración Territorial, Carolina Darias, en que las personas con derecho a protección o vulnerabilidad tendrán trato preferencial, pero que no se contemplan traslados masivos y regulares.
El traslado de los inmigrantes hacia la Península es una reiterada petición del Gobierno canario, cuyo presidente, Ángel Víctor Torres, ha comparecido en Las Palmas de Gran Canaria con el ministro Escrivá.
“Obligación solidaria”
Ha subrayado que las derivaciones a la Península siguen siendo una exigencia de Canarias porque es una “obligación solidaria” establecida en el pacto europeo de asilo y migraciones, al que se oponen países como Polonia o Eslovaquia, y porque las islas sólo pueden acoger a un porcentaje de los inmigrantes que llegan.
“Canarias se rebela, se revira y se opone a ser el único lugar de España donde tenga que quedarse toda la inmigración irregular. Hay un pacto por la migación y el asilo que dice rotundamente que Europa tiene que ser solidaria con las personas que llegan a los territorios fronterizos (...) Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la UE: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias”, ha señalado Torres, con gesto muy serio.
Además, ha dicho que sólo podrá estar satisfecho “cuando se desmantele” el campamento del muelle de Arguineguín, donde han llegado a hacinarse más de 2.500 personas esta misma semana.
Escrivá ha admitido que su ministerio “podría haber llegado antes” a responder a esta emergencia humanitaria, si bien ha estimado que “hay que mirar hacia adelante”.
El plan de acogida diseñado por Migraciones supondrá una inversión de 84 millones de euros, de los que 43 procederán de fondos EMAS y 41 de los fondos de recuperación de la UE.