Este fin de semana se inauguraba en Castuera un monumento memorial a las víctimas del franquismo. Un día ‘muy especial’ para los familiares. Lo consideran un ‘pequeño logro’ más en la carrera por el reconocimiento de la memoria “de todas aquellas personas desaparecidas y fusiladas, para aquellas que fueron retenidas y obligadas a realizar trabajos forzados”.
Son las palabras de Marisa Blanco, miembro de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera. El colectivo ha levantado el Monumento-Memorial Democrático a las Víctimas del Franquismo (1936-1949), con 267 nombres de personas represaliadas. Algunas de Castuera y Extremadura, pero otras muchas de fuera de España.
Han contado con el respaldo unánime del ayuntamiento de la localidad, algo que el colectivo de memoria considera un éxito, porque “el Gobierno sigue olvidando a las víctimas” según denuncia Marisa Blanco. Se refiere así a la decisión del Ejecutivo central de eliminar de nuevo de los Presupuestos Generales del Estado la partida dedicada a la Ley de Memoria Histórica. Una partida que bajo el gobierno socialista se utilizaba entre otras cuestiones para financiar las exhumaciones de represaliados (se calcula que en España hay unas 2.000 fosas por abrir).
“Verdad, justicia y reparación”
Marisa es nieta de Manuel Blanco, una víctima del franquismo que pasó también por el campo de concentración de Castuera. Era presidente de la comunidad de agricultores de la localidad, perteneciente a la UGT, antes de estallar la Guerra Civil. Fue detenido en mayo del 39 y tras permanecer preso en Castuera fue trasladado a Orduña, desde donde volvió a Badajoz para ser fusilado en 1940. La familia piensa que sus restos descansan en una gran fosa común en el Cementerio San Juan Bautista.
Tras hacer un relato de la historia de su abuelo quiere dejar claro que ni ella, ni el resto de familiares y víctimas del franquismo, buscan venganza o protagonismo. “Queremos que se haga justicia, buscar la verdad y hacer una reparación de estas personas”.
Para ella buscar la verdad supone contar en las escuelas qué ocurrió en el campo de concentración de Castuera. Que las nuevas generaciones conozcan que hubo un golpe de estado militar “que fue un fracaso, que acarreó una guerra civil contra un gobierno legítimo, y una brutal dictadura de 40 años”.
“Supone contar los hechos que ocurrieron hace 80 años. Ojo, que no estamos hablando de un relato de la reconquista de España, estamos hablando de un capítulo que ocurrió hace apenas unas décadas”.
Lamenta que las heridas “siguen abiertas, no se han cerrado”. Para cerrar heridas piensa que es indispensable el reconocimiento de las personas que a día de hoy siguen desaparecidas. Tiradas en las cunetas y represaliadas.
“Recuperar su memoria silenciada durante mucho tiempo. Y la voz de los familiares que no han tenido derecho a saber el paradero de sus seres queridos. En un duelo continuo y abierto, que pervive en la sociedad”.
Un reconocimiento que ‘dignifique’ su figura, desde la tolerancia y el respeto. Transmitirlo a los jóvenes desde los valores democráticos, porque “buscar verdad, justicia y reparación permite no olvidar unos hechos frente a la intolerancia, que nos lleva a los fanatismos peligrosos. Y los tiempos que corren no son para olvidar”.
¿Qué pasó en Castuera?
Para la asociación es importante levantar el monumento porque rememora la figura de quienes pasaron por el campo de concentración levantado por el franquismo en la localidad en marzo de 1939, y por el que llegaron a estar cautivos ente 5.000 y 10.000 prisiones según sus datos. “Distribuidos en 80 barracones prefabricados, dormían en el suelo, no tenían derecho ni a las tarimas tantas veces reproducidas en el cine para mostrar a las víctimas del holocausto nazi”.
El campo de concentración de Castuera fue declarado años atrás Bien de Interés Cultural, pero la asociación aunque advierte que queda mucho trabajo por hacer. “Quedan muchas historias por sacar a la luz. Queda mucha gente aún enterrada en fosas, y eso es una asignatura pendiente”.
Los testimonios orales recogidos y las investigaciones de los historiadores apuntan a la presencia de un campo de ‘clasificación’, donde terminaban personas acusadas de tener algún tipo de compromiso, ya fuera político o sindical afín a la república. “Algunos de ellos llevados a hacer trabajos forzosos, a construir infraestructuras como mano de obra esclava, mientras que otros iban a parar a las cárceles para acabar luego fusiladas”.