El personal funcionario de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en Extremadura se ha concentrado este miércoles en Mérida y Cáceres, donde han asegurado que los paros ya han obligado a suspender más de 400 juicios en la región y que si no hay solución irán a una huelga indefinida a partir del 22 de mayo.
Reclaman al Ministerio de Justicia que se siente a negociar con ellos la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, ya que quiere sacarla adelante sin tener en cuenta a los sindicatos, según ha manifestado en Cáceres Soldad Perera, delegada CSIF Justicia Extremadura.
Piden también una subida salarial y que se les reconozcan todas las funciones que realizan.
Las concentraciones en ambas ciudades, frente a los palacios de Justicia, han sido convocadas por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, con motivo de la huelga que están llevando a cabo.
Los manifestantes han desplegado una pancarta en la que se podía leer “La Justicia está en huelga. Por una ley sin trampas. Funciones claras; retribuciones reales”.
Y han proferido cánticos como “Ministra, clasista, ¿tú eres socialista?”, en alusión a la Pilar Llop; y “No más funciones sin retribuciones”.
“Seguimos en huelga y nos sentimos discriminados porque el Ministerio no acaba de sentarse a negociar con los funcionarios, que son los que realmente hacen el trabajo”, ha manifestado Perera.
Ha demandado que les abonen las retribuciones con las “funciones reales y legales” que hacen, que “son delegadas a los funcionarios”.
“Los funcionarios hacemos el 90 % del trabajo y se nos delegan funciones que no se nos reconocen, como actos de conciliación, actos de fe, declaraciones, etc.”, ha insistido.
Francisca Martín, representante del STAJ, ha aseverado que las redacciones de los autos y decretos las hace, principalmente, los funcionarios.
“El día 22 iremos a una huelga indefinida”, ha anunciado Perera, al tiempo que ha reclamado al Gobierno “que se siente a negociar ya”, porque “el Ministerio de Justicia lo único que está haciendo es negociar con los otros cuerpos. Exigimos que se negocie la ley que está en trámite parlamentario”, ha concluido