La Junta ha lamentado las “expectativas infundadas” respecto al alcance de la sentencia de 22 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la contratación de personal interino por las administraciones públicas pues “no es de aplicación directa” como demandan algunos sectores.
“No debemos alentar esos discursos de que el TJUE convierte con carácter automático un empleado temporal, sin pasar por un proceso de selección -basado en los principios de ”igualdad, mérito, capacidad y publicidad“-, en un empleado fijo o indefinido”, ha expresado el director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito Rubio, en Comisión parlamentaria a pregunta de Unidas por Extremadura.
Expósito Rubio ha subrayado que se trata de “una sentencia concreta que versa sobre unos supuestos concretos”, combatir la contratación abusiva, por eso “preocupa que se dé esa extensión a supuestos de funcionarios interinos”. Además, establece que se trata de “una cuestión de ordenamiento jurídico interno”, que incumbe a los tribunales nacionales competentes, y que cuando dicho ordenamiento no contiene “ninguna medida efectiva” para evitar ese abuso de sucesivos contratos de duración determinada, la conversión “podría -no dice debería- constituirse en relación laboral indefinida”.
En este sentido, ha destacado los procesos de estabilización puestos en marcha precisamente con el objetivo de “reducir la temporalidad” y que tienen que “acompasarse con otros procesos de empleo atrasados de otros años”, lo que se está intentando “hacer de la manera más equilibrada”, para que ese proceso de “indemnizaciones y compensaciones sea lo más leve posible”.
En esta línea, ha señalado que están trabajando “intensamente”, en estrecha colaboración con las organizaciones sindicales, para “sacar la totalidad de las plazas que son consolidables y de las que se tiene constancia”, así como para “cumplir los plazos”, de modo que a 31 diciembre de 2024 se pueda determinar una reducción drástica de la temporalidad.
Por todo ello, Domingo Jesús Expósito Rubio ha concluido que en relación a dicha sentencia se debe esperar a que se pronuncien los tribunales, de hecho el Supremo ha pedido al TJUE que aclare una serie de aspectos, y a que se acuerden medidas unificadas en todo el país, por todas las comunidades autónomas.
El parlamentario de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos considera igualmente que esta sentencia ha generado “un nivel de incertidumbre importante”, por lo que ha pedido a la Junta que realice “un diagnóstico preciso” de la situación después de que el TJUE haya dicho que las medidas aplicadas para evitar el abuso de la temporalidad “no son suficientes”.
Igualmente, ha advertido de que “las 3.197 plazas que están ahora en proceso de estabilización no son todas las que ahora están en abuso de temporalidad”, lo que debe tenerse en cuenta para evitar que “cueste mucho dinero en indemnizaciones y que no haya que acudir a un proceso extraordinario”.
Nueva ley
En esta misma comisión de la Asamblea, el Grupo Parlamentario Socialista se ha interesado por el futuro “proyecto de ley de cuerpos y escalas” para dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley de Función Pública de Extremadura, algo sobre lo que, ha dicho Expósito Rubio, “nada se había hecho, está todo por hacer” a pesar de la “prisa” que manifiesta ahora el PSOE.
En estos nueve años desde 2015, que data la citada ley, se ha creado “un nuevo concepto de administración y avance en la estructura administrativa”, con lo que la normativa de cuerpos y escalas “debe enmarcarse dentro de esa nueva Ley de Función Pública” que la Junta prevé aprobar esta legislatura.
En opinión del diputado socialista José María Vergeles, “no se puede congelar esto (los cuerpos y escala) con rango normativo” porque “estamos en una sociedad muy cambiante” y ha añadido que no se puede tener una buena administración pública si no se aborda esta cuestión.