La Junta de Extremadura insiste en volver a la justicia con el caso de la urbanización de lujo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. Ahora ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya desestimado su recurso contra la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento en el complejo turístico Marina Isla Valdecañas.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha indicado que respetan siempre las decisiones judiciales, pero entienden que “lo correcto” es esperar a la decisión del Tribunal Constitucional porque ha dicho: “El impacto económico y medioambiental no es el mismo si tenemos que derribar solo una parte, que es lo que nos está exigiendo el Tribunal Superior de Justicia, que si tenemos que acometer el derribo completo”.
El Constitucional decidió el pasado junio paralizar de forma cautelar la demolición de este complejo ordenada por el Tribunal Supremo y retrasar la entrada de la maquinaria, al menos, hasta que resuelvan todos los recursos y dicten sentencia sobre el fondo del asunto.
Los litigios en los tribunales sobre esta urbanización han sido constantes hasta que los tribunales declararon la ilegalidad del resort y el Tribunal Supremo certificó en febrero de 2022 que todo tendría que ser demolido. Sin embargo, la Junta y los propietarios presentaron recurso de casación contra esta decisión. pero ahora todo podría cambiar en base a la ley aprobada a principios de este año por el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara por la que se declaraban de forma expresa 55 espacios como Zonas de Especial Portección de Aves y, con ello, se legalizaba el resort de lujo.
Aunque fuera de esta legalización se quedarían todos los edificios que estén en estructura y sin concluir, como un segundo hotel, la vivienda piloto y la oficina de la promotora. Por eso, este martes se conocía que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEX ha desestimado los recursos interpuestos por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, la Junta de Extremadura y la entidad Marina Isla de Valdecañas S.A, contra el auto de 16 de septiembre de 2023 del alto tribunal extremeño, en el que se acordaba esa demolición parcial y, además, debe ser el Ejecutivo regional el encargado de llevarlo a cabo.
El TSJEx condena además a las partes a abonar cada uno de ellos el importe de 250 euros a favor de Ecologistas en Acción y Adenex e incide en que no existen argumentos jurídicos para suspender la demolición de lo que el Tribunal Constitucional no ha suspendido tal y como refleja en el auto del 16 de septiembre.