La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha valorado la “dedicación, el esfuerzo y la capacidad de consenso” para incluir algunas de las propuestas de las comunidades, y en especial de Extremadura, al acuerdo sobre la temporalidad en las Administraciones Públicas y ha reiterado la posición a favor de suprimir la tasa de reposición.
La también vicepresidenta lo ha manifestado así en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada este jueves, en la que ha defendido la necesidad de continuar los trabajos para alcanzar soluciones definitivas que, ha matizado, no serán inmediatas ni eximirán de trabajos futuros a los responsables de las Administraciones Públicas.
Blanco-Morales ha valorado el documento por el procedimiento seguido, por las aportaciones de las distintas autonomías y por las aclaraciones a las dudas planteadas. En este sentido, ha reiterado la posición de Extremadura a favor de la supresión de la tasa de reposición, al tratarse de “una medida coyuntural que lastra un problema estructural, el de la temporalidad, y que se basa en convicciones ideológicas contrarias a los servicios públicos”.
En este punto, ha asegurado que la crisis sanitaria de la COVID-19 debe ser el catalizador de las reformas que favorezcan y fortalezcan el núcleo del estado social, siempre dentro del equilibrio presupuestario que rige la ideología socialdemócrata.
Reducir la interinidad
Extremadura defiende la adopción de una tasa de reposición adicional para aquellas plazas dotadas presupuestariamente, una medida que permitiría a las comunidades autónomas abordar la situación de temporalidad alcanzada en los últimos años y reducir la tasa de interinidad al objetivo marcado del 8 %.
Además, la Junta considera necesario cuantificar los costes económicos que supondrá la materialización del acuerdo, en un contexto, el de la crisis económica, en el que el Gobierno de la nación ha tomado “importantes decisiones que han facilitado la liquidez, dentro del principio de lealtad institucional entre administraciones del Sistema de Financiación Autonómico”.
Blanco-Morales se ha mostrado partidaria de abordar, en paralelo y con criterios comunes en todas las administraciones, la solución al problema actual y futuro de la temporalidad, de forma que “se evite la judicialización de los procedimientos, incluso a nivel constitucional, se dé seguridad jurídica y cumplimiento a la normativa europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”.
La vicepresidenta primera ha defendido la necesidad de afrontar este problema estructural desde el compromiso de la reorganización de los recursos humanos y de la transformación digital de la Administración en aras de una solución conjunta y consensuada.