Conchita Viera tiene muy presente la memoria de su padre, alcalde republicano de Valencia de Alcántara asesinado por el franquismo junto a otras 11 personas. La memoria de estas personas sigue silenciada detrás de la verja que impide acceder a la finca de esa misma localidad en la que están los restos. Dentro de una antigua mina se encuentra la fosa común en la que yacen los cuerpos.
Esta mujer define a su padre como un hombre de sentimiento pacífico, ejecutado por el simple hecho de defender el bien de los demás, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España.
Ha mantenido el silencio durante mucho tiempo, pero ahora a sus 82 años reclama con la cabeza bien alta sacarlo de la mina a la que fueron arrojados los restos. “Antes no me dejaban expresarme, pero ahora lo hago con libertad, porque quiero justicia y memoria con mi padre, y con el resto de personas que están en esa fosa”.
La propietaria se niega a permitir el paso
Tras mucho trabajo y negociaciones a varias bandas, nunca han logrado el permiso de la propietaria de la finca –actualmente sin cultivar— para acceder a la fosa común. Su padre y el resto de personas asesinadas permanecen en el interior de una mina, donde fueron arrojados.
El caso de esta mujer es especialmente sangrante, porque en la última convocatoria de subvenciones para exhumar fosas –en el Gobierno de Zapatero—logró una partida de 40.000 euros. Ante la negativa de los propietarios de la finca a iniciar los trabajos arqueológicos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura reclamó a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta (con el anterior gobierno del PP) que iniciara el expediente de ocupación forzosa que permitiera al equipo técnico y los arqueólogos trabajar.
El Gobierno de Monago guardó el expediente en un cajón, nunca se pronunció sobre la solicitud y finalmente los 40.000 euros de la subvención tuvieron que ser devueltos al Estado. Tras muchos años de lucha esta mujer incansable había logrado el dinero suficiente para excavar la fosa.
Los trabajos allí pueden ser complejos, por ser necesaria la intervención de un equipo de espeleología al tratarse de una profunda mina. Conchita había logrado lo más complicado, la financiación para excavar, y se ha quedado a las puertas porque la administración que tenía que gestionar los trámites –como marca la ley—no tuvo a bien hacerlo. Resulta una situación grotesca, ofensiva para los colectivos que trabajan en la recuperación de la memoria histórica.
Esta mujer afirma sentirse muy dolida. “Me siento como si me hubieran clavado un puñal. Si estuviéramos en una democracia de verdad, esto no habría pasado”. Pero las fuerzas no han decaído. Sigue reclamando la memoria de su padre a las puertas de la finca, la barrera que le separa de esa fosa a la que le deniegan el acceso.
Durante años vivió sometida al silencio que se les impuso, y llegaron a cometer sobre ellos todo tipo de “atropellos” por ser considerados la familia de un rojo. Y ahora a sus 82 años reclama justicia y memoria sin censura.
“Algunos dicen que con la Transición se solucionó todo, pero mi herida nunca se cerró. A mí nadie me ha pedido perdón, y el nombre de mi padre ha quedado oculto”, comenta con voz firme.
Reclama algo tan sencillo como darle una sepultura digna a estas personas, arrojadas a un pozo. El motivo: que es su padre. “Forma parte de mi alma, de mis sentimientos, quiero sacarlo de esa fosa”, sigue esta mujer que aunque tiene 82 años está dispuesta de seguir hasta el final.
Y así tuvo la posibilidad de transmitírselo en persona a la propietaria de la finca. Se entrevistaron, intercambiaron pareceres y no hubo acuerdo. “Terminó diciéndome que lo que tenía que hacer era rezar”.
El silencio administrativo del PP
José Manuel Corbacho, presidente de la asociación de memoria histórica en Extremadura, explica que el proyecto llegó a estar aprobado por la Subsecretaria de la Presidencia del Ministerio de la Presidencia, por resolución definitiva de 24 de noviembre de 2011 (BOE Núm. 284 de 25 de noviembre de 2011).
El colectivo intentó sin éxito ponerse en contacto en más ocasiones con la propietaria. Al mismo tiempo, a pesar de contar con un proyecto aprobado para el sondeo arqueológico de esa fosa por parte del Ministerio de la Presidencia, la Junta no avanzó en el trámite del expediente de ocupación temporal forzosa de los terrenos, tal y como recoge la Ley y es su obligación.
Pese a contar con el dinero hubo que devolverlo “porque el equipo de la anterior Dirección General de Patrimonio no instó el expediente de ocupación temporal forzosa de los terrenos donde se ubica la fosa ante la negativa de los propietarios de los terrenos privados”, algo que el presidente tacha de “lamentable e inasumible”.
En este proceso, con carácter excepcional se instaron incluso tres prórrogas del plazo de ejecución y justificación del proyecto con tal de poder llevarlo a cabo.
Mientras el Ejecutivo de Monago seguía sin pronunciarse pese a la insistencia, fueron remitidos varios “burofax” certificados a los propietarios de los terrenos sin resultado positivo, “tras haber agotado previamente varias gestiones de tipo personal y verbal, de forma directa y a través de intermediarios, ante los mismos”.
Consta además un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, para que iniciara los trámites del expediente de ocupación. A ello se acompañó un informe del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, participado por la Junta y por la Universidad de Extremadura, que acreditaba la negativa de los titulares de los terrenos, y se volvía a reclamar ante la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura la petición de inicio de trámites para formalización de expediente de ocupación temporal forzosa de los terrenos, para así amparar a los familiares de estas víctimas, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY 52/ 2007.
La asociación ha mantenido una reunión con el nuevo presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la que le han reclamado que se active en lo posible esta actuación, con carácter preferente.
“Esperemos que por fin llegue a buen puerto esta actuación. Hay que tener en cuenta que nuestra socia Conchita, hija del alcalde asesinado, tiene 82 años y toda su ilusión es poder recuperar los restos de su padre, cuanto antes, para sus restos descansen en un lugar digno, y no en el que eligieron sus verdugos”.
La historia de Amado Viera Amores
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica explica que tras el golpe militar en 1936 el padre de Conchita, Amado Viera Amores, fue detenido el 25 de septiembre de ese año en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros 11 hombres, en la mina de la finca de Cuadrillas de Arriba.
Amado Viera Amores fue un hombre “estudioso y reflexivo”, desde muy pronto sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época. Sus ideas de progreso le hicieron ingresar en el sindicato socialista El Redentor del que fue presidente por dos veces, y asimismo, en las Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad.
Bajo las siglas del partido socialista accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde democrático de la localidad hasta que en la transición democrática, en 1979, se recuperaron las elecciones libres locales.
Tanto durante los días previos a su “paseo”, como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.