El alcalde de Mérida anunciaba el martes en Twitter una nueva promesa electoral: “construiremos la ciudad del agua”. El anuncio llegaba mientras las 19 familias de la Corrala de Mérida que han ocupado una vivienda cumplían 24 horas sin suministro de agua corriente.
Están convencidos de que la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, les cortó el suministro este lunes por iniciativa del equipo de gobierno del PP, e insisten en que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho fundamental.
En las casas aguantan las altas temperaturas como pueden. “El calor es sofocante (más de 30 grados), nos metemos en casa todo el día, y familiares y amigos nos traen garrafas”, comentan los vecinos, que anunciaron hace dos semanas que habían ocupado las casas, todas propiedad del banco malo (la Sareb).
Detrás de ellos, historias de desahucios, precariedad, problemas para llegar a final de mes, a la espera de cobrar la renta básica. Ahora el malestar de las 19 familias que han ocupado una vivienda en la barriada de la Calzada de Mérida es más que evidente.
Los niños, fuera de la Corrala
Ante la falta de suministro han tomado una decisión dolorosa: los 22 menores que tienen a su cargo no pueden estar con ellos, al menos hasta que no encuentren una solución a sus problemas de suministro.
Los menores no pernoctan en las casas (porque no tienen luz), pero sí estaban estaban con sus padres en la corrala durante el mediodía y la tarde, hasta la hora de dormir, que se iban a casa de familiares o amigos. Ante esta situación insisten en que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano, como recogen Naciones Unidas.
Alrededor de media docena de miembros de la corrala se ha trasladado este martes hasta las instalaciones de la empresa Aqualia en Mérida. Allí han permanecido media hora, hasta que un dispositivo policial les invitó a abandonar las instalaciones.
Jesús Oliva, miembro de la corrala, ha explicado a este diario que han solicitado reunirse con responsables de Aqualia, con la propuesta de hacerse cargo del pago del suministro. Pero no les han escuchado, y por el momento no les dan una solución porque las viviendas no están a su nombre (llevan años abandonadas).
En la corrala no piensan abandonar su lucha. “La mayoría hemos sufrido desahucios y hemos quedado fuera en los procesos de adjudicación de vivienda. No defendemos sólo nuestro derecho, sino el de las más de 400 familias solicitantes de vivienda social y el de otras muchas que sufren el abuso de los bancos, que han convertido el desahucio en una rutina”, señalaban días atrás.