Hablar de empleo y exclusión social es tratar las dos caras de la misma moneda. Los altos índices de temporalidad (por encima del 80 por ciento de las contrataciones) tienen mucho que decir para entender por qué los índices de pobreza y exclusión son siete puntos superiores en Extremadura al resto de España. Un índice que alcanza al 35,2 % de la población (algo más de 348.000 personas).
El informe anual sobre el estado de la pobreza en Extremadura de EAPN demuestra que ser trabajador y pobre son elementos compatibles. El 19,3 por ciento de la población menor de 60 años, la población activa de la región, vive en hogares con una baja intensidad en el trabajo. Lo que quiere decir que tienen un trabajo precario o a tiempo parcial.
Para concluir que existe una baja intensidad en el trabajo por hogar, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) compara el número de meses trabajados con los que podrían haberlo hecho. Los resultados son que casi una cuarta parte de los extremeños tienen un indicador por debajo del 0,26.
¿Qué se puede hacer?
El consejero de Política Social, José María Vergeles, fue quien detalló que la baja intensidad es una consecuencia directa para entender los índices de pobreza que muestran los datos de 2015.
Según explicó el crecimiento económico y el aumento del PIB no son suficientes para reducir el número de personas en el índice Arope, que mide los valores de pobreza y exclusión en su conjunto, y en el que basa sus conclusiones EAPN.
El modo de reducirlo, destacó, es con una mayor capacidad redistributiva de las políticas sociales, para que haya una mayor cohesión y una mayor equidad en todo el país.
Las políticas de la Junta
Este es el motivo por el que se avalan según Vergeles determinadas políticas que ha llevado a cabo la Junta de Extremadura, tales como planes de empleo social por 48 millones. “Si tenemos baja intensidad en el trabajo por hogar, los planes de empleo son absolutamente necesarios para combatir estas cifras”.
Se refiere a la ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que han permitido el acceso a la renta básica de hasta 48 millones en el año 2016, y 35 en 2015.
Indice en que se han dedicado 5 millones al acceso a los mínimos vitales, y que se complementarán con gas el próximo año; junto al programa de atención a las familias (2,6 millones) o las ayudas a la natalidad (2,6) entre otras medidas.
Para combatir la privación material severa se han puesto en marcha los espacios educativos saludables por un millón de euros, junto a la minoración al cien por cien del alquiler social de las viviendas para personas en situación de privación material severa.
Mayores y pobreza
Uno de los pilares con los que sobreviven las familias son los abuelos. Las estadísticas confirman que los jubilados siguen siendo la base para aquellos desempleados de larga duración, pero también para quienes tienen una baja intensidad en el trabajo.
Sin embargo los últimos datos de EAPN muestran que hasta el 59,6 por ciento de las pensiones de Extremadura están por debajo del umbral de la pobreza (en torno a 300 euros). Lo que significa que las bajas pensiones están en el origen de la situación de pobreza de unas 130.749 personas mayores.
En el caso de la pensión de viudedad, que reciben en su mayoría mujeres mayores, la cifra alcanza el 84 por ciento.
Para el consejero José María Vergeles, uno de los datos que más preocupa es el que se refiere a los pensionistas. Recuerda que se trata de una competencia casi en exclusiva del Gobierno de España, aunque la Junta ya ha aplicado medidas dentro de su ámbito, en este caso con los copagos.
“Entre los años 2015 y 2016 hemos devuelto dos millones de euros de copago farmacéutico que asumían los pensionistas para acceder a la medicación para el tratamiento de enfermedades crónicas”.
El consejero ha asegurado que el crecimiento económico no es suficiente para reducir el número de personas que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, por lo que hay que programar políticas futuras que atajen el problema, informa Efe.