Dos horas han bastado a los representantes de la Fundación Lumbini Garden, promotora del proyecto Gran Buda de Cáceres, para convencer, salvo a Unidas Podemos, a todos los miembros de la comisión de seguimiento de este proyecto, de que la “polémica” reunión mantenida con la junta golpista de Myanmar (antigua Birmania) no estaba planeada, y que, además, el viaje tenía como objeto dar continuidad a los acuerdos adoptados en ese país, antes de que se produjera el golpe de estado.
Este jueves se ha celebrado en el Ayuntamiento de Cáceres una reunión de la comisión de seguimiento del proyecto Gran Buda, solicitada por los grupos políticos municipales tras la polémica suscitada por ese viaje a la antigua Birmania, donde además se reunieron con el monje budista, Sitagu Sayadaw, considerado cercano al régimen militar y acusado de amparar los crímenes de lesa humanidad que se le achacan al actual gobierno.
Entre finales de agosto y la primera semana de septiembre, varios representantes de la fundación, entre ellos, el presidente, José Manuel Vilanova, y la patrona y empresaria cacereña, Pilar Acosta, viajaron a Myanmar para visitar las minas de jadeíta de la ciudad de Mandalay, de donde se extraerá la piedra blanca con la que se recubrirá el buda de 47 metros, del que pretende ser el mayor complejo budista de occidente, y que, de salir adelante, estará ubicado en el cerro Arropé de Cáceres, a 7 kilómetros del núcleo urbano.
Una vez allí, según han manifestado, fueron convocados por la junta militar de Myanmar para que ofrecieran detalles del proyecto que, según asegura la fundación, ya se presentó al anterior gobierno birmano en 2019.
Y en cuanto a la reunión con Sayadaw, el director de Relaciones Institucionales de la fundación, Ricardo Guerrero, afirmó que también era la continuación de los contactos que se iniciaron en 2019 para que colaborara con el proyecto de Cáceres.
La fundación insiste en que los contactos en la antigua Birmania se iniciaron mucho antes del golpe de estado, que tuvo lugar en febrero de 2021. Este dato, que fue cuestionado por algunos sectores que mantenían que la fundación se constituyó en ese mismo año, y que, por lo tanto, no podían haber tenido contacto con el gobierno anterior, también ha sido aclarado. En 2019, se creó la Fundación hispano-nepalí Lumbini, con sede en Madrid, que no tiene nada que ver, según han explicado, con la Fundación Lumbini Extremadura, que se inscribió el año pasado en el Registro de Fundaciones de la Junta de Extremadura.
Previamente a la celebración de la comisión, la fundación facilitó un dossier informativo de las reuniones mantenidas en el viaje a Myanmar, donde, entrelíneas, ponían de manifiesto que si la comunidad budista de Myanmar no formaba parte del proyecto, ninguna otra comunidad querría hacerlo, ya que la de la antigua Birmania, por contar con las escrituras más antiguas, es la más importante y sirve de referencia al resto.
Guerrero ha desmentido que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se haya puesto en contacto con la fundación “desaconsejando” que se reúnan con el gobierno golpista, y “dudo mucho que lo haga a través los medios de comunicación” dijo, en relación a un diario regional, por el que Guerrero, según indicó, se enteró del supuesto malestar del ministerio.
En cuanto, a que, a pesar de todo están manteniendo contactos con un gobierno que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, Guerrero resaltó que “la ONU sólo reconoce a 20 países democráticamente homologables, por esa razón, sólo se podría tener relaciones con 20 países”.
En definitiva, según la fundación, toda la polémica se ha debido a un “malentendido” que han podido deshacer con las explicaciones que han dado a lo largo de las 2 horas que ha durado la comisión de seguimiento. Explicaciones que, según el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, han sido “claras y concisas” y ha asegurado que todo se ha debido a una “crisis de comunicación”.
Ha señalado que ahora se está a la espera de que la Junta redelimite lo que alcanza la zona protegida de Zepa, que es fundamental, para que se pueda hacer la cesión de los terrenos, “que no se van a recalificar para eliminar cualquier sospecha de especulación inmobiliaria”.
Este aspecto no preocupa a la fundación, ya que, aseguran, todo el proyecto cumpliría con los requisitos del Plan Director de la zona Zepa del cerro Arropez.
Los terrenos seguirán siendo rústicos y se cederán única y exclusivamente para el uso al que van a ser destinados, a la construcción del complejo del Gran Buda, que ya no empezará construyendo un centro temporal intermedio, sino que empezará por la construcción de la gran estatua de Buda para luego continuar con el proyecto definitivo y así agilizar su finalización
El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha señalado al término de la reunión que han pedido “claridad y transparencia”, así como prudencia para no manchar la imagen de Caceres. Ha añadido que estudiarán toda la documentación aportada para cotejar los datos ofrecidos hoy, y que estarán vigilantes para que todo, incluida la cesión de terreno, alrededor de 110 hectáreas, se haga de la manera adecuada
Por su parte la portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, se ha mostrado satisfecha de las explicaciones, y más tranquila tras recibir una información que le ha parecido coherente. Diferente ha sido la opinión de la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, que considera que son inadmisibles los contactos con un gobierno “genocida” y que “no se puede construir un proyecto de paz que puede estar hecho con jade manchado de sangre, porque el jade con el que se construirá la estatua de Buda saldrá de ese país”, dijo en alusión a Myanmar.