Se trata de un convenio de colaboración firmado entre Ministerio de Fomento y el Ejecutivo extremeño, entonces liderado por José Antonio Monago. Su objetivo, la ejecución de un plan del fomento del alquiler, la rehabilitación y la renovación urbanas.
El programa venía recogido en el Boletín Oficial del Estado del 13 de noviembre de 2014, y contempla 3 millones de euros para 2014, otros 3,5 para 2015 y seis millones en 2016 (de ellos el Ejecutivo extremeño aportaría medio millón por anualidad y el Estado el resto).
Los Campamentos Dignidad denuncian que la Junta aprobó las bases de la subvenciones, “pero de modo asombroso las convocatorias no han llegado si quiera a realizarse”. Critican por ejemplo que si los seis millones recogidos en el convenio para este año hubieran llegado a buen puerto, las ayudas podrían beneficiar a 900 familias sin recursos (a una media de 300 euros).
En el proyecto de ley de presupuestos de Extremadura de 2016, que finalmente fue tumbado por la oposición, recogía para este concepto 1,2 millones de euros por el Ministerio, y otros 500.000 presupuestados desde la Junta. Detalla además el proyecto de Ley que en las cuentas de 2015, realizadas por el PP, el Ejecutivo regional destinó 500.000, y el Estado otros 500.000 (hasta el millón de euros presupuestados). Unas cifras alejadas del acuerdo suscrito que recoge el BOE.
“Lo peor de todo es que ni siquiera han llegado a sacar la convocatoria”, según denuncian fuentes del Campamento. Este colectivo advierte que las partidas no llegaban a una comunidad que ha seguido desahuciando vivienda de alquiler, y a gente que no podía pagar su hipoteca.
Comentan estos activistas que hay familias que ante la “desidia administrativa”, optó por ocupar una vivienda como en el caso de la Corrala de Almendralejo. Y muchas de estas familias, ante una alternativa, no se habrían visto obligadas a tomar esta decisión, y sentarse ahora en el banquillo de los acusados por de un delito de usurpación.
Hojas de reclamaciones masivas
El campamento ha elaborado una hoja de reclamaciones con el objetivo de que familias sin recursos las presenten de manera masiva ante la administración. Reclaman de manea inmediata la convocatoria a las ayudas de alquiler para dar cumplimiento al convenio de colaboración suscrito.
Solicita al mismo tiempo a la Junta una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales por la “negligente” actuación del gobierno regional, en contra de los preceptos del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 47 de la Constitución Española.
La respuesta de la Junta
Fuentes de la Consejería de Política Social apuntan que la última convocatoria de ayudas de fomento del alquiler de viviendas se produjo en diciembre de 2014 y los beneficiarios comenzaron a cobrarlas en junio de 2015, con un año de duración.
También que la nueva convocatoria se debía hacer en diciembre de 2015 y para ello la secretaría general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la consejería de Sanidad y Políticas Sociales preparó toda la documentación para convocarlas. “Sin embargo, la publicación de dicha convocatoria, al ser un gasto que se producirá en 2016, requiere la fiscalización anticipada. Al no existir Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, eso no se ha podido producir y estamos a la espera de tener un Presupuesto para publicar esa convocatoria cuya documentación está preparada”.
Sin embargo, sí que existen presupuestos en 2016, en concreto los del PP, que han sido prorrogados a la espera de que se aprueben los de este año en el Parlamento regional, y que intentará sacar adelante el Ejecutivo de Vara. Unas cuentas del PP que sí recogían una partida para las ayudas al alquiler.