La anulación del contrato con Ambulancias Tenorio para la prestación del transporte sanitario terrestre está suponiendo un quebradero de cabeza para el Servicio Extremeño de Salud (SES). La Junta aún desconoce cómo rescindirlo sin poner en riesgo la prestación de este servicio en el año que resta hasta que finalice, por lo que legalmente “no es fácil”.
“Le estamos dando vueltas a ver de qué manera podemos hacerlo”, ha manifestado este lunes el director gerente del SES, Ceciliano Franco, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea, en la que ha respondido a una pregunta de Ciudadanos sobre la modificación del contrato aprobada el pasado marzo por un importe de 2.160.114,99 euros.
Franco ha recordado que el contrato se adjudicó a Ambulancias Tenorio por 122 millones y un periodo de cuatro años -hasta el 31 de octubre de 2021- y que en 2019 el contratista solicitó una modificación con un incremento de la dotación de 12 millones de euros por la necesidad de más vehículos, el aumento de servicios programados, la aplicación de incrementos salariales y la subida del precio del combustible, entre otros motivos.
A raíz de ello, el SES cuantificó en un 16 % el aumento de la actividad sanitaria programada entre 2017 y 2018 y consideró procedente un aumento del contrato con un incremento económico máximo de 2,2 millones de euros.
Sin embargo, “a la empresa le ha parecido escasa la valoración que se ha hecho y por eso han solicitado la rescisión del contrato”, ha explicado Franco, que ha considerado que este asunto “seguramente acabará judicializándose como se ha judicializado todo lo relacionado con ese tipo de contratos”.
El nuevo pliego, avanzado
No obstante ha señalado que, una vez que el SES ha decidido no prorrogar el contrato con Ambulancias Tenorio, se tiene “bastante avanzado” el próximo pliego con la intención de presentárselo a los grupos políticos y agentes sociales y, a partir de ahí, “esperemos, si no hay rescisión del contrato, poder presentarlo en breve” para que el 1 de noviembre de 2021 se preste “un servicio más acorde a los nuevos tiempos y no tan turbulento”.
Ha insistido en que la rescisión de un contrato de este tipo “no es fácil” y que aunque sería un “alivio” para ambas partes y hay medidas automáticas para poder hacerlo, los letrados del SES advierten de que “podemos rescindir el contrato y seguir con el servicio judicializado por parte de la empresa”.
Asimismo, ha precisado que se trata de un servicio público “que no hay nadie que lo pueda dar ahora, solo Tenorio”, por lo que también pesa en la decisión que queda un año de contrato y no se quiere poner en riesgo la prestación del servicio, ofreciéndolo de una forma “razonable” aunque conscientes de que “se puede mejorar”.
Sin embargo, el diputado de Cs José María Casares ha recriminado a la Junta que no haya tomado una decisión a tiempo, “que es echarlos”, dado que la gestión “no podía haber sido peor” y ha dudado de la “premura” con la que se realizó el modificado del contrato en plena irrupción de la pandemia.
En esta línea, la diputada del PP Elena Nevado ha recordado que su grupo ya pidió la dimisión del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, por este asunto y ha señalado que “la mejor noticia que tenemos con este contrato es que se van, y no porque el Gobierno les haya echado”.
Ha criticado que Ambulancia Tenorio anunciase su decisión de dejar el servicio una vez que cobró el “botín” de los más de dos millones de euros por la modificación del contrato y ha esperado que cuando se liquide el contrato se tengan en cuenta todas estas cuestiones.
Por el PSOE, la diputada Catalina Paredes ha defendido que la legalidad y transparencia del concurso por el que se adjudicó este servicio, así como la modificación autorizada en marzo, “que responde a criterios técnicos y con el visto bueno de los servicios jurídicos”, mientras que en representación de Unidas por Extremadura, el parlamentario Joaquín Macías ha vuelto a reclamar una gestión pública del transporte sanitario.
Escaso seguimiento de la huelga
Respecto a la huelga convocada en la empresa, el director gerente del SES ha señalado que su seguimiento es “escaso” y ha denunciado un abuso de los servicios mínimos en puntos muy localizados, por lo que se está elaborando un informe jurídico para llevarlo a la Fiscalía.
En este sentido, ha puesto como ejemplo casos en los que nadie comunica estar de huelga y los servicios mínimos no se cubren. “Si no hay nadie en huelga todo el servicio tiene que salir adelante”, ha aseverado en este sentido.
Por otra parte, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular, el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, ha informado de que solo el 0,18 % de los trabajadores de las ambulancias han dado positivo por covid, mientras que no hay constancia de contagio de ningún paciente ni familiar que las haya utilizado.