Tener trabajo no es sinónimo de llegar a final de mes en condiciones dignas. Es algo que ya habían denunciado los sindicatos, y que de nuevo confirman los colectivos que atienden los comedores sociales de Extremadura.
Entre los nuevos usuarios de estos comedores están los trabajadores precarios. Bien porque cobran muy poco y sus bolsillos no dan para alimentar a toda la familia, o bien porque encadenan trabajos temporales, con jornadas partidas.
La radiografía sobre exclusión y desarrollo de la Fundación Foessa, en el que participa Cáritas, dibuja un panorama poco amable en Extremadura, al indicar que en torno a 190.000 extremeños han perdido mucho poder adquisitivo en los últimos siete años.
Son personas trabajadoras que no pueden hacer frente a gastos inesperados, como el arreglo del coche, o gastos corrientes superiores a los normales, como el comienzo del curso escolar y la compra del material. En otros casos --también lo confirman las organizaciones--, extremeños en apuros para poder costearse un tratamiento médico.
Situaciones prolongadas de desempleo 'crónicas'
Jesús López Santana, portavoz de Cruz Roja Extremadura, explica que muchos de los usuarios que piden ayuda en los comedores y los servicios que ellos gestionan pasan por dificultades que terminan por “cronificarse”.
Advierte que sigue creciendo el número de familias que piden ayuda, lo único que no a un ritmo tan ‘vertiginoso’ como hace unos años, cuando la crisis azotaba con mayor dureza. Pero en la calle la gente sigue pidiendo ayuda, y solo en Extremadura Cruz Roja atendió en 2014 a más de 9.000 familias en la región como consecuencia de la crisis, según explica.
Esta entidad presta servicio además este verano a unos 1.100 menores, a través del convenio con la Junta y los ayuntamientos, y cuya demanda se ha incrementado desde los consistorios.
Listas de espera en los comedores sociales
María González, trabajadora social del Comedor Padre Cristóbal de Mérida, coincide en que la crisis sigue viva, presente en la vida cotidiana de las familias. Hasta este comedor acuden personas que se quedan sin prestación, y otras que permanecen a la espera de cobrar la renta básica mientras no entra dinero en casa.
La lista de espera de este centro que gestiona una entidad religiosa con sus recursos y con las donaciones que reciben ha crecido. (Se sirven unas 90 comidas y cenas de lunes a viernes).
Esta trabajadora social pone como ejemplo a personas que cobran una pensión no contributiva de 360 euros al mes, una cantidad con la que tienen que afrontar los gastos, más el alquiler –aunque sea alquiler social--. Al echar las cuentas, los ingresos no dan para más, y aparte de la ayuda que les puede facilitar el banco de alimentos de manera mensual, necesitan más apoyos.
Los comedores escolares presentan una imagen muy similar. El comedor social del Gurugú ha abierto un verano más para atender a niños desde 6 a 14 años de esta barriada, y de Los Colorines, Grupo Sepes y Plaza Nicolás Díaz Pérez. Hablar aquí de recuperación económica suena a un mal 'chiste'.
De hecho, este verano han aumentado el número de menores a los que atiende, hasta superar el medio centenar, según explica Ricardo Cabezas, uno de los encargados de este comedor, que tiene a otros tantos menores en lista de espera.
La mejora económica “no se ve por ningún lado”. El problema principal que ve es que el desempleo sigue afectando tanto a este barrio, como otros como el de Suerte de Saavedra. “Aquí no ha llegado la mejora de la crisis, las familias siguen sin trabajar, y no hay recursos, esta es la realidad que encontramos”.