Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron ayer en el Ayuntamiento de Almendralejo (35.000 habitantes) en Badajoz, por orden de la Audiencia Nacional, para llevarse toda la documentación relativa a un concurso de auditoría energética convocado por ese municipio, y que durante 15 años otorgaría a una empresa, pagándola 20 millones de euros, la mejora de todas las instalaciones eléctricas públicas de la ciudad, incluido el suministro de la energía necesaria.
En estos momentos se celebraba un pleno municipal y los guardias fueron atendidos por el secretario municipal, que acabó entregándoles todo el expediente de este concurso en trámite, y al que se habían presentado dos empresas, Imes-Api, y Cofely, está última filial de la matriz francesa Cofely GDF Suez, y que podría estar implicada en la trama de corrupción Púnica de alcance nacional que afecta a varios ayuntamientos.
El concurso estaba en fase inicial según el alcalde de la localidad, José García Lobato (PP), de modo que se estaba valorando la documentación administrativa y técnica de las dos empresas, sin que se hubiera abierto todavía el sobre de la oferta económica.
La Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, estaría investigando la posibilidad de que el pliego de cláusulas de este concurso público hubiera sido elaborado por la propia Cofely, una empresa que sin embargo, subrayan fuentes del equipo de Gobierno de Almendralejo para eldiario.es, se había presentado a otro concurso municipal en la vecina localidad de Aceuchal, pero lo había perdido.
“Es un concurso público que no está adjudicado y únicamente lo que se hizo ayer fue recabar la información y documentación que está en el perfil del contratante y que tiene el visto bueno del interventor, del secretario general y otros funcionarios municipales”, ha declarado el alcalde, José García Lobato. “Aquí desde luego no tenemos nada que ocultar, nada más que decir que el Ayuntamiento convoca un concurso”.
El grupo municipal socialista en Almendralejo tenía recurrido en los tribunales el pliego de cláusulas del concurso porque “olía muy raro”, según su portavoz y próxima candidata a la alcaldía, Piedad Álvarez. Entre otros puntos, el consumo de luz que iba dentro de la contrata “estaba inflado en un 30%”.
El pliego se aprobó en junio pasado con los votos a favor del PP, y en contra del PSOE, IU y un concejal independiente. Según el análisis de los concejales socialistas, se parecía mucho a los usados en otros ayuntamientos, la parte de cláusulas administrativas estaba sin firmar, no se había pedido ningún informe de asesoramiento a la Agencia Extremeña de la Energía, y además la propuesta en general venía firmada por un arquitecto jefe del servicio de urbanismo, en vez de por el ingeniero industrial jefe de sección de infraestructuras eléctricas.
Los socialistas pidieron que el asunto quedara pendiente para un mayor estudio, pero como fue aprobado presentó en septiembre pasado un recurso contencioso administrativo, como vía más útil para paralizar el proceso, recurso que fue admitido a trámite, y del que recientemente ha recibido notificación la junta local de gobierno, del PP.
Piedad Álvarez ha pedido la dimisión del alcalde popular José García Lobato, como responsable del problema.