128 médicos se declaran objetores en los procesos de derecho a la eutanasia en Galicia

Desde que se empezó a aplicar la ley de eutanasia -aprobada en marzo de 2021, pero cuyos artículos fundamentales entraron en vigor en junio- se han declarado objetores de conciencia 128 médicos en Galicia. Estos profesionales rechazan gestionar cualquier petición que un paciente presente amparado por esta norma. Hasta el momento, en estos ocho meses transcurridos desde que la Xunta activó, en el límite del plazo e incluso con algo de retraso en uno de los puntos, los mecanismos para echar a andar el nuevo derecho, son 13 las personas que cubrieron los documentos de la solicitud. Dos de estos procesos, ambos en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, han llegado al final y se ha aplicado la eutanasia. Los datos del Gobierno gallego confirman que seis peticiones están en trámite y que las otras cinco han sido archivadas por motivos que no ha concretado. Las causas pueden ser un cambio de opinión del paciente o un error en el papeleo, que obliga a reiniciar las gestiones.

La portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia, Isabel Blanco, considera que el número de objetores registrado hasta el momento no supone un obstáculo para que se aplique la ley: “Hay personal suficiente en el Servizo Galego de Saúde para proporcionar el derecho a la ayuda a morir”. La Xunta no concreta a que área de la medicina se dedican quienes se han declarado objetores, pero Blanco apunta que quienes se encontrarán con más probabilidad con casos de este tipo son los profesionales de atención primaria y especialidades como las de oncología y las relacionadas con enfermedades degenerativas como la neurología. En países en los que el derecho está reconocido hace años, agrega, en torno al 80% de las peticiones son de personas con cáncer. En el sistema públoc en Galicia hay algo más de 9.000 médicos, según los datos del Ministerio de Sanidad, actualizados en 2019 y en 2020. En concreto en atención primaria había en octubre de 2021, según la administración gallega, 2.519 profesionales.

Los datos de la Xunta sí desglosan la cifra por áreas sanitarias. Es en la de Pontevedra y O Salnés en donde hay más: 38. En la de A Coruña y Cee son 31; en la de Vigo, 24; y en la de Santiago y Barbanza, 16. En el resto de áreas sanitarias no llegan a la decena: en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos son nueve; en la de Ourense, Verín y O Barco, siete; y en la de Ferrol, tres. En cuanto a las seis peticiones que están ahora en trámite, dos corresponden al área de Vigo; otras dos, a la de A Coruña; una, a la de Lugo y otra más a la de Ourense.

Los siete casos cerrados -dos en los que se ha llevado a cabo la eutanasia y cinco archivados por varios motivos-, cuatro se presentaron en A Coruña, uno en Lugo y los dos que efectivamente terminaron el proceso eran pacientes del área de Ourense.

Los datos relacionados con la ley de eutanasia no son de fácil acceso en Galicia. La respuesta del gobierno de Alberto Núñez Feijóo a las preguntas de esta redacción al respecto fue la opacidad. Cuando, en otoño de 2021 trascendió en la prensa gallega el primer caso de eutanasia en la comunidad -publicado por el periódico La Región-, la Consellería de Sanidade, que dirige Julio García Comesaña, no quiso confirmarlo ni ofrecer explicaciones oficiales sobre el motivo para no hacerlo. Entonces aportó un solo dato de todos los solicitados: que en aquel momento constaban ocho solicitudes. Este diario recurrió entonces a la ley de transparencia para tratar de que el Gobierno gallego diese los datos. A pesar de que esa norma dice que las peticiones deben recibir respuesta, positiva o negativa, “lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por parte del órgano competente”, la Xunta no remitió la contestación hasta pasados tres meses y medio -desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 21 de febrero 2022-. Pocos días antes de esa respuesta, este diario publicó una información al respecto, después de presentar una reclamación ante la Valedora do Pobo.

Retrasos en un momento vulnerable

Lo que puede suponer para un solicitante de eutanasia encontrarse en el camino de los trámites con un médico objetor es un retraso en el proceso, en un momento que la asociación recuerda que es de “grave vulnerabilidad” y estas trabas pueden generar “incertidumbre y confusión”. En estos casos, el paciente tiene que reclamar y pedir que sea otro profesional el que se ocupe de su caso. Isabel Blanco recalca que en Galicia hay una “peculiaridad” en el proceso y es que al médico responsable, que es el encargado de coordinar la información y la asistencia y se convierte en el interlocutor principal del paciente, no lo elige este, sino la dirección del área sanitaria. Derecho a Morir Dignamente ve esta decisión con desconfianza: “Sería mucho retorcimiento mental poner un médico objetor”.

Blanco considera que las cifras de solicitudes encajan con lo esperable. En la primera etapa dice que en torno al 0,5 ó 1% de las muertes totales son por eutanasia, según se ha observado en otros países en los que ya se aplica la ley desde hace años. Agrega que en Países Bajos o Bélgica, en donde tienen dos décadas de experiencia, el porcentaje avanzó después hasta situarse entre el 2 y el 4%.

La portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia pide a la Xunta que dé formación a los médicos sobre la ley de la eutanasia. Ella misma se dedica a la medicina y asegura que muchos profesionales ni siquiera tienen presente la posibilidad de tener que enfrentarse a uno de estos casos. Tampoco el Gobierno gallego está haciendo una difusión de este derecho, destaca. Critica que, en general, en la comunidad “hay muy poca información”. Reclama también que se recoja la eutanasia explícitamente en el documento para el testamento vital, algo que en la actualidad no sucede en Galicia. Quien lo formalice debe introducir por iniciativa propia que desea esa opción.

También Jesús Sueiro, médico de atención primaria en Santiago y portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera una deficiencia que no haya formación para los profesionales. Sobre los contenidos de la ley y los protocolos de la Xunta para ponerla en marcha y sobre la gestión emocional y el trato con pacientes y familias en un momento duro, dice.

La Xunta, “pasivamente obstruccionista”

La asociación ha denunciado que varios elementos entorpecen que se aplique la ley y ha cargado contra la “falta de dirección, imprevisión, descoordinación y confusión” en las peticiones de eutanasia en Galicia. Considera que es “un maltrato” a una persona que tiene un padecimiento y pide morir. Ha difundido el caso de un hombre de 90 años residente en A Coruña que tiene varias enfermedades que le causan “un elevado sufrimiento” y lo han dejado en una situación de dependencia en la que ni siquiera puede salir de casa. Presentó la solicitud y cuatro días después, ante la falta de respuesta, reclamó en el área sanitaria. El protocolo de la Xunta señala que, una vez recibida la primera solicitud y después de verificar que se cumplen los requisitos, el médico responsable debe hacer “en el plazo máximo de dos días naturales” un “proceso deliberativo” con el paciente sobre su diagnóstico, posibilidades de tratamiento y cuidados paliativos.

Derecho a Morir Dignamente explica que el hombre se ha visto abocado a un proceso con numerosos contactos telefónicos con la gerencia del área sanitaria en los que hubo lo que la asociación califica de “comentario improcedente”. “En alguna llamada le dijeron que por qué tenía tanta prisa”, explica Blanco. Además, en su domicilio se presentaron profesionales que no se identificaron ante el hombre. “La actitud pasivamente obstruccionista de la Xunta a la implantación y desarrollo del derecho a la prestación de la eutanasia no es un problema político abstracto, y tampoco menor, ya que es causante de sufrimiento directo e inútil en personas concretas, que se encuentran en condición de grave vulnerabilidad y a las que se somete a la incertidumbre, soledad, confusión, esperas, y exigencias burocráticas inaceptables en un estado de fragilidad como es lo que debe suponérsele”, critica la asociación.