La plataforma Defende a Galega acumula dos años de protestas por la manipulación y el control informativo en la Compañía de Radio Televisión de Galicia. En este tiempo cada viernes se han vestido de negro para denunciar la muerte del periodismo plural y libre bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo. Son los denominados “venres negros”. Esta semana han llegado al número 200. Y es que el control y la represión a los trabajadores que protestan es una de las señas de identidad que Feijóo dejará atrás en su vuelo hacia Madrid. Acostumbrado a vivir en un escenario mediático sin sobresaltos la radio y televisión públicas de Galicia se han convertido en un ejemplo anacrónico de lo que es el periodismo controlado por el poder político. La protesta, surgida entre los propios asalariados de la casa, persigue una único objetivo: no rendirse ni asumir que el control político de los medios públicos es algo inevitable.
El pasado mes de diciembre Carlos Jiménez, uno de los miembros del colectivo, consiguió una victoria moral en los tribunales al torcerle el brazo a la dirección de la empresa pública que lo había sancionado durante nueve días sin empleo y sueldo por pertenecer al colectivo Defende a Galega. Un juzgado de Santiago consideró en su sentencia que el castigo al trabajador estaba motivado por su posición disidente. Integrado en el grupo de periodistas que decidieron no callarse ante las órdenes de hacer brillar todo lo que tenga que ver con la Xunta y usar la parrilla de informativos para atacar sin cuartel cualquier acción de los partidos de oposición Jiménez reconoce que, pese a su vitoria, el enfrentamiento le ha dejado herido.
En 2019 el Colexio de Xornalista de Galicia otorgó al colectivo el prestigioso premio José Couso por su incansable lucha en defensa del derecho a la información. La Televisión de Galicia obvió la noticia en sus informativos. De puertas hacia fuera el mutismo es también la moneda de cambio cada vez que el escándalo arrecia en la casa. La compañía pública impone el cerrojo informativo para los medios de comunicación que cuestionan su funcionamiento y no atiende telefónicamente las dudas de los informadores que preguntan por escándalos como el despacho en el que su director se gastó 70.000 euros o la ocasión en la que desde uno de sus programas se arrinconó a una joven para que se reuniera con su expareja, de la que se había separado por la actitud controladora de él.
Defende a Galega insiste en que han transcurrido más de 10 años desde que se aprobó la ley de medios públicos de Galicia, pero la televisión y la radio aún no tienen un Estatuto Profesional ni un Consejo de Informativos que vele “por la independencia, veracidad y objetividad de los contenidos”. Esta exigencia legal está “bloqueada” por la dirección de la CRTVG, señala. Pese a los cuatro años de movilizaciones, los problemas que llevaron a los trabajadores a protestar “están todavía más enquistados”. Según la nota, se centran, además de en la manipulación “sistemática”, en “desmantelamiento del servicio público”, una “degradación profesional” y la reducción “al mínimo” de la producción propia.
“200 Venres Negros después seguimos pidiendo algo muy simple: que se cumpla la ley, que se ponga la CRTVG al servicio de la sociedad que la sostiene”, reclama la plataforma.