2021 se despide con una ceremonia para dar la bienvenida al Xacobeo, al igual que lo hizo 2020. Pero en esta ocasión no hay necesidad de abrir la Puerta Santa de la Catedral de Santiago. Ya está abierta. 2022 va a ser la segunda parte de un Año Santo extendido por decreto de la Iglesia, que atendió las plegarias de una Xunta preocupada por el efecto devastador de la primera parte de la pandemia sobre el turismo. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo presumió en verano de la elevada afluencia de peregrinos a la capital gallega, rebosante de visitantes que fueron escaseando con la entrada del otoño, y fía ahora buena parte de sus aspiraciones económicas a esa segunda oportunidad de obtener el perdón de los pecados al final del camino.
El año recién cerrado deja imágenes que provocaron escalofríos a todo el país, como las del asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña. También deja la foto de los represaliados del franquismo que inauguraron las visitas al Pazo de Meirás, abierto por primera vez como propiedad pública tras más de 80 años en manos de la familia del dictador. Y el primer aviso para ENCE de que su permiso para ocupar terrenos en la ría de Pontevedra entra en la cuenta atrás. El recorrido judicial no ha terminado, pero en julio la Audiencia Nacional tumbó la prórroga que le había concedido el Gobierno de Mariano Rajoy para continuar en Lourizán hasta 2073. Fue también el año en que la Real Academia Galega publicó un informe en el que analizaba cómo la escuela pública gallega destruye hablantes de gallego y pidió a la Xunta de Galicia derogar la actual legislación sobre el idioma propio de Galicia en la enseñanza. “El gallego es un patrimonio que produce riqueza y no un adorno, y merece un tratamiento que en estos momentos no tiene”, declaró su presidente, el periodista y escritor Víctor Freixanes.
Xunta en piloto automático y reconfiguración de la izquierda
El primer año -largo- de la cuarta mayoría absoluta de Feijóo transcurrió con su gobierno en piloto automático. Si sus ejecutivos nunca se caracterizaron por una actividad frenética ni por impulsar proyectos transformadores ni por un rumbo claro, la pandemia ha agudizado esa sensación de marasmo. Tal vez el anuncio de la gratuidad de las escuelas infantiles, aún por concretar y realizado durante el último debate presupuestario, es una de las medidas de mayor relumbrón. Precisamente la aprobación a tiempo de las cuentas para 2022, marcadas por la repentina muerte de su conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que sirvió al Partido Popular para presumir de estabilidad. Se la dan sus 42 escaños en un Parlamento de Galicia que nunca ha sido el escenario preferido del presidente gallego.
Ni siquiera esa aplastante superioridad -el BNG cuenta 19 diputados y los socialistas, 14- lo libran de sufrir algunos zarandeos. Sucedió recientemente, cuando Ana Pontón le recordó a Feijóo 23 titulares de prensa en los que el madatario culpaba a otras administraciones, a otros partidos o incluso a imponderables de las principales problemáticas de Galicia. Tampoco su reciente voluntad de moderación, con la que busca espacio en el debate del PP español que polarizan Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, acaba de compadecerse con lo que resuena en la Cámara gallega. No habían pasado ni cinco días desde que Feijóo recomendaba “sosiego y serenidad” en política cuando el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, vinculaba al BNG con el Comando Barcelona de ETA.
El dominio parlamentario del PP, fruto de una hegemonía política que se deshace en el ámbito municipal o en el estatal, tiene enfrente a una oposición bipartita que en los últimos meses ha atravesado turbulencias. La líder de los nacionalistas, Ana Pontón, anunció por sorpresa en agosto que daba un paso atrás para reformularse su continuidad en la dirección del BNG. Nadie comprendió exactamente su maniobra, pero el caso es que decidió seguir y salió aclamada de la Asemblea Nacional en que la formación aseguró que no es independentista.
Más agitadas discurrieron las aguas en el Partido Socialista. En 2020, su candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, obtuvo resultados decepcionantes. Una exigua subida en el porcentaje de voto no le supuso ningún nuevo asiento, tampoco salir de la tercera posición en que ya había estado en la legislatura anterior. Antes lo había superado el conglomerado de izquierdas y nacionalistas de En Marea, ahora lo hacía el Bloque. Lo movimiento internos comenzaron y en octubre, Caballero perdió las primarias para revalidar la secretaría general. Ganó Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación de A Coruña. El subsiguiente congreso escenificó la mala digestión de la derrota y acabó con los afines del ex secretario general recurriendo decisiones de la mesa del cónclave. Pasaron las semanas y Caballero todavía es portavoz parlamentario del PSdeG, aunque la nueva dirección ya ha anunciado su relevo. La sensación de interinidad no abandona el partido.
El paisaje político simplificado a tres que emergió de los últimos comicios parece, en todo caso, consolidado. Ni siquiera la condición gallega de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno central, ministra de Trabajo y en la actualidad imán de las expectativas de buena parte de las izquierdas estatales, parece contribuir a la resurrección del espacio de Unidas Podemos en la comunidad. Esa geografía, la de la izquierda a la izquierda del PSOE, vuelve a estar en Galicia en manos de un BNG que en Madrid apoyó la investidura de Pedro Sánchez y después se ha apeado del bloque de formaciones que lo apoyan en el Congreso. Ese mismo Congreso que ha aprobado dos de las acciones políticas con mayores repercusiones para el país: la rebaja de peajes en la AP-9 y la inauguración del tren de alta velocidad a Madrid.
La gran vacunación y el colapso de la Atención Primaria
El año arrancó con la peor ola de la pandemia en términos de fallecidos en Galicia, pero también con los primeros pasos de la campaña de vacunación contra la COVID-19. En las primeras semanas trascendió que personas como la entonces consejera delegada de DomusVi o la alcaldesa de Boimorto (A Coruña) habían recibido el pinchazo antes de que les tocase el turno. Las inyecciones fueron llegando a la población en general por tramos de edad. En la comunidad se usaron grandes recintos para ponerlas y esto dio a muchos gallegos el motivo para conocer por fin la gran “visión” megalómana de Fraga en la Cidade da Cultura.
Con la inmunización -en Galicia casi el 94% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa-, las siguientes olas tuvieron menos impacto en los hospitales, pero el colapso saltó entonces a una Atención Primaria agobiada por la falta de personal tras diez años de congelación en las contrataciones. Pasó en verano y se repite en esta sexta ola. La Xunta se limita a reconocer el problema y decir que no encuentra profesionales suficientes; los sindicatos y los colegios de médicos apuntan a la precariedad. Las protestas culminaron con una gran manifestación en Santiago en noviembre. Personal de centros de salud y de servicios de urgencias, como el de A Coruña, tomaron el relevo en el cierre del año en las movilizaciones.
A mediados de año quedó marcada otra fecha para la historia del Pazo de Meirás. Después de que la Justicia ordenase ponerlo en manos del Estado, el inmueble ocupado durante más de 80 años por la familia Franco se abrió por primera vez como propiedad pública. Sigue su marcha el litigio por los bienes que los descendientes del dictador pueden retirar del edificio. Tampoco ha llegado a su fin la pelea en los tribunales por el futuro de la polémica planta de ENCE en la ría de Pontevedra. La Audiencia Nacional tumbó la prórroga que le había dado un gobierno en funciones capitaneado por Mariano Rajoy para que se quedase hasta 2073, pero la decisión está pendiente de los recursos presentados. No ha sido el único trago amargo relacionado con la fábrica: un informe interno alertó de los vertidos de mercurio procedentes de Elnosa y de su riesgo para la salud.
Samuel y la ola contra la violencia homófoba
Fue también mediado el año, el primer fin de semana de julio, cuando un asesinato conmocionó a todo el país. Un grupo de jóvenes mató a golpes a Samuel Luiz la madrugada del 3 de julio en A Coruña. Siete personas fueron detenidas por lo ocurrido. Cinco de ellas son adultos -cuatro están en la cárcel y una, la única chica, en libertad con cargos y obligación de comparecer en el juzgado- y dos son menores, que están en un centro específico.
El asesinato provocó enormes protestas contra la violencia que sufre el colectivo LGTBI. La amiga que acompañaba aquella noche a la víctima, Lina, contó que todo empezó cuando uno de los agresores pensó que lo estaban grabando cuando ellos en realidad estaban haciendo una videollamada con otra amiga. “Para de grabarnos, si no quieres que te mate, maricón”. Esas fueron las palabras que, según Lina, escuchó Samuel antes de empezar a recibir golpes.
El ascenso de Marta Ortega y la paradoja eólica
Después de que la pandemia le supusiese apenas un traspiés en 2020, que Inditex volviese a sus abultadas cifras de crecimiento y beneficios en 2021 no causó sorpresa. Sin embargo, sí levantó no pocas cejas la salida inesperada de quien había pilotado la empresa hacia esos resultados, Pablo Isla. A finales de noviembre el gigante textil anunció que Marta Ortega -el “arma secreta” del emporio fundado por su padre, según la describió el Wall Street Journal- ocupará desde abril de 2022 la presidencia, en la que sustituirá a Isla. El cargo de la sucesora no es ejecutivo y en la cúpula la va a acompañar, como consejero delegado, Óscar García Maceiras, llegado solo hace unos meses -en marzo- a las instalaciones de Arteixo.
Pero al margen de los buenos resultados de Inditex, la economía gallega no ha encontrado muchos motivos para celebrar. El declive industrial que no frena ha quedado retratado este año en el sector energético: pese al aluvión de solicitudes para instalar más parques eólicos, que ha levantado a los habitantes del rural por temor a consecuencias nocivas, varias empresas han anunciado que cierran sus plantas y dejan Galicia en busca de beneficios mayores.
El impacto se nota en una comarca que acumula años de caída de la actividad industrial, la de Ferrolterra, y en la de A Mariña lucense, que hace año y medio se moviliza también contra la pérdida de otra fábrica: la de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao. Las conversaciones para buscar comprador con las que empezó 2021 no fructificaron y tras meses de cruces de reproches entre administraciones y algún ultimátum, la empresa hizo un giro de guion en noviembre que los trabajadores han aceptado pero Gobierno y Xunta miran con desconfianza: las cubas de electrolisis -el corazón de la planta- paran desde enero 2022. La promesa es reiniciarlas en dos años y mantener entretanto el empleo. Otra planta que en su día fue propiedad de Alcoa, la de Alu Ibérica en A Coruña, busca un comprador que la saque de la parálisis en la que se encuentra, intervenida judicialmente y con una investigación en curso sobre la cúpula del Grupo Riesgo, su último propietario.
Sin dejar la página energética, el año estuvo marcado por una escalada constante de los precios de la electricidad. En medio de la subida, algunas empresas aprovecharon para vaciar embalses y generar energía. A los despachos de la Xunta llegaron semanas antes avisos, pero no hubo reacción inmediata. Cuando estalló la polémica, el Gobierno gallego atribuyó la responsabilidad al central y abrió un expediente a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que al día siguiente amplió a Iberdrola y Naturgy. Las multas, si las hay, no superarán los 25.000 euros por embalse.
Eurovisión y los Premios Nacionales
No existe etiqueta adecuada para la música que facturan Tanxugueiras. Sus raíces se encuentran en el folclore gallego, concretamente en la venerable tradición de las cantareiras, pero la incorporación de sonidos procedentes de eso que la crítica ha denominado “músicas urbanas” las ha convertido en un objeto singular y difícilmente identificable. Salvo para el respetable, que las respalda en sus experimentos y las ha catapultado a favoritas para representar España en Eurovisión con la canción Terra. Sería la primera vez que lo hace una canción en otra de las lenguas oficiales del Estado, medio siglo después de la censura a la que el régimen franquista sometió a Joan Manuel Serrat.
La propuesta de Tanxugueiras, palabra que la Real Academia Galega ha elegido como vocablo del año en la comunidad y que está relacionada con los tejones, encaja con cierta tendencia de la música gallega actual: aquella que prescribe investigar la tradición para cruzarla con sonoridades modernas y en cuya nómina figuran Mercedes Peón -pionera en el asunto- o Baiuca. El eco exterior de Tanxugueiras, pendiente de confirmación si finalmente dan el salto a Eurivisión, no ha sido el único procedente de la cultura gallega que ha resonado este 2021. Los Premios Nacionales que otorga el Ministerio de Cultura volvieron a colocar el foco sobre la literatura gallega. Si en la última década habían distinguido su poesía -con galardones para libros de Gonzalo Hermo, Pilar Pallarés, Olga Novo y Alba Cid-, esta vez la señalada fue la narrativa, Virtudes (e misterios) (Galaxia, 2020), de Xesús Fraga.
La novela de Fraga es un emocionante tratado sobre las voces bajas, construida a partir de la propia historia del autor y las migraciones de su familia. Los reconocimientos externos a la producción cultural gallega contrastan, sin embargo, con la atonía interior, sobre todo en lo referente al papel de algunas administraciones. Una institución tan nuclear como la Filmoteca de Galicia asiste a su lento declive -brutal caída presupuestaria, recortes en personal- pese a las protestas del mundo del cine. Ni el Gobierno gallego ni la Fundación Seoane -dependiente del Ayuntamiento de A Coruña- han acabado de reaccionar a las graves acusaciones relativas a una exposición en Lalín de obra atribuida a Maruja Mallo y Luís Seoane. La Consellería de Educación había pagado el catálogo, pese a las severas dudas de los expertos respecto a la autenticidad de lo expuesto. La operación principalmente propagandística del Xacobeo, ampliada con permiso eclesiástico a 2022, centra los esfuerzos de la Xunta, y eso que el cartel de estrellas distó bastante del de ediciones anteriores.
Pero fuera de la oficialidad, el panorama también presenta algunas nubes. No es la menor la amenaza que se cierne sobre el Liceo Mutante de Pontevedra, uno de los templos autogestionados del underground gallego, y que la asamblea que lo rige relaciona con la especulación urbanística.