La TVG culpa al Parlamento del incumplimiento de su ley reguladora, vigente desde 2011
En septiembre de 2014 el Parlamento aprobó una llamativa iniciativa. El PSdeG logró sacar adelante una propuesta en la que exigía nada más y nada menos que la aplicación de una ley aprobada más de tres años atrás. Específicamente, los socialistas reclamaban el “cumplimiento inmediato” de la Ley de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, la normativa que en otoño de 2011 vino a sustituir a la ley de creación de la Compañía de Radio Televisión de Galicia con la aspiración de asentar en ella la “pluralidad” y la “desgubernamentalización”. Casi seis meses después, la iniciativa y la propia ley siguen incumplidas y la CRTVG responsabiliza al Parlamento de un bloqueo que, en última instancia, depende de la Xunta.
El ente público acaba de responder una pregunta parlamentaria en la cual el propio PSdeG pedía saber si “va a seguir indefinidamente la CRTVG” en el incumplimiento de la ley, que fija preceptos como una profunda reestructuración empresarial, pero también la elección de los dirigentes de los medios públicos a través del consenso entre las fuerzas políticas. En su respuesta, la Compañía asegura que “los trabajos realizados hasta el momento para la operación de reestructuración societaria” evidencian “una intensa actividad económico-administrativa con un alcance transversal en el campo mercantil, laboral y reglamentario con incidencia en la revisión y adaptación de los procesos de soporte”.
Según la entidad pública, estas tareas han estado orientadas al “objetivo común relacionado con la mejora de la organización y la competitividad” de las estructuras en las que se asientan la TVG y la Radio Galega, “en una organización convergente de comunicación audiovisual que elabora y difunde contenidos por múltiples canales, soportes y dispositivos”. Al mismo tiempo, señala, el presupuesto de la compañía para 2015 “contempla los retos asociados a la ejecución de la ley” con el fin de “continuar contribuyendo a la conversión de la CRTVG en una marca transformada, evolucionada y renovada que sea referencia de la industrial cultural y creativa de Galicia”.
Pero, ¿qué ocurre con el cumplimiento de la ley? “En lo que se refiere a la demora de la aplicación de diversos aspectos de dicha ley”, la dirección general de la CRTVG “está a lo que determine el Parlamento de Galicia, tal y como no puede ser de otro modo en función del contenido del texto legal”, resuelve.
Lo que queda por hacer
Al margen de la respuesta más o menos abstracta emanada del gabinete que dirige Alfonso Sánchez Izquierdo, lo cierto es que la ley llamada a transformar en corporación a la CRTVG ya estaba incumplida a los seis meses de entrar en vigor. En junio de 2012 la Xunta ya tendría que haber elaborado el mandato marco de los medios públicos, documento que debe fijar “los objetivos generales” del “servicio público” de la compañía y que aún no ha sido tramitado ni, por lo tanto, aprobado en la Cámara. Del mismo modo, en aquella altura tendría que haber una nueva dirección general elegida por el propio legislativo, que también tendría que haber elaborado ya un procedimiento para esta elección. Nada de esto se ha hecho aún y el bloqueo provoca, entre otras consecuencias, que el consejo de administración sea reflejo de la composición del Parlamento en la anterior legislatura y no de la actual –nadie representa a AGE en el organismo, aunque le correspondería esa representación.
En este contexto, el único trámite fijado en la ley que ya ha sido aprobado, aunque con retraso, es el de la autorización de la Xunta para fusionar dos de las empresas que componían la CRTVG: Televisión de Galicia S.A. y Radiotelevisión de Galicia S.A. La puesta en marcha de la nueva corporación empresarial, la elección de sus nuevos órganos directivos y la implantación de sus nuevos canales para, entre otros aspectos, garantizar la “pluralidad” de los contenidos, son tareas aún por hacer. Según el PSdeG, promotor inicial de la ley que ahora se incumple, “después de muchas promesas” esta ley es “un monumento al engaño del presidente Feijóo” y muestra que “sus palabras nada valen”.
