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Alberto Quirón, ese chico del montón

El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en una imagen de archivo.
3 de marzo de 2025 21:46 h

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La historia, con mayúsculas o minúsculas, siempre es una vacuna contra la ignorancia, un revulsivo contra la propaganda imprescindible para desmontar mentiras y detallar la realidad de los hechos. La de Alberto [Quirón] en relación con el fisco es palmaria, evidente, obvia. Y no es la de un contribuyente que pagó a Hacienda sus impuestos fuera de plazo, como sostiene su novia, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A quien presenta la declaración de la renta más allá del 30 de junio de cada ejercicio, pero tributa por lo que ha ingresado -sin facturas falsas ni empresas pantalla- se le obliga a pagar un recargo por el despiste y listo. Pero este no es el caso que nos ocupa.

Para quien lo haya olvidado, va aquí una dosis de recuerdo sobre este “señor particular” al que en los comienzos de su relación con Isabel Díaz Ayuso se le presentó como “un técnico sanitario” y hoy es  “un hombre honorable” con amplia experiencia en la dirección de “empresas de mucho prestigio” (sic).

Hecho: Alberto Quirón defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Así consta en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado en marzo de 2024 tras recibir un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes como consecuencia de algunos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.

Hecho: el informe de la Agencia Tributaria atribuye al novio de la presidenta dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

Hecho: sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.

Hecho: el fraude fiscal por el que está acusado tuvo su origen en el cobro de dos millones de euros que ingresó en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. 

Hecho: el informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía presentó contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tenía empleados por cuenta ajena pero sí constaba a su nombre un Porsche Panamera. Con posterioridad adquirió otro vehículo de alta gama, un Maserati.

Hecho: la segunda compañía, que Hacienda califica como “una mera sociedad interpuesta”, se llamaba Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el “principal cliente” de González Amador. En los contactos del teléfono del jefe de gabinete de Ayuso González Amador aparece identificado como Alberto Quirón.

Hasta aquí la historia y los datos. Todo lo demás es un burdo intento de Ayuso y sus terminales por reescribir un relato tan burdo como falsario. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid intentaba este domingo desde las páginas de El Mundo potenciar una nueva versión sobre los problemas judiciales de su novio con el propósito de reducirlo al “pago de un impuesto fuera de plazo”.

Ayuso, que habita en las coordenadas morales de la mendacidad, difunde desde hace meses una versión manipulada de los hechos con la que pretende presentar a Alberto Quirón como un chico del montón que se parte el espinazo como cualquier trabajador español,  que paga sus impuestos, y que, simplemente, tuvo un pequeño olvido a la hora de declarar sus ingresos y tributar por lo ganado. ¡Pobre Alberto! ¿Quién no ha dado un pelotazo de dos millones de euros por la venta de mascarillas en pandemia? ¿Quién no se olvidó de declarar a Hacienda? ¿Quién no crea sociedades interpuestas para burlar al fisco? ¿Quién no compra empresas fantasma?

En esa misma entrevista, la presidenta de Madrid se presenta, cual infanta Cristina en el caso Nóos, como una pareja que nada sabía de los tejemanejes fiscales y societarios de González Amador y declara que “antes de empezar una relación con alguien no le pregunto si tiene una inspección fiscal y cómo va a resultar”. 

En qué quedamos.  ¿Fue el pago de un impuesto fuera de plazo? ¿Fue una inspección fiscal? Lo primero, en absoluto. Y lo segundo lo fue hasta que la Fiscalía elevó el asunto al juzgado después de que la Agencia Tributaria atribuyera a Alberto Quirón dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. De hecho, el investigado reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado y propuso ser condenado a ocho meses de prisión, si bien su pareja pretende convencer a la opinión pública de que todo fue un despiste. 

“Si a mí me dice que ha creado una red para evadir impuestos, para engañar, evidentemente a mí no me parecería bien. Y tendría que pagarlo. No estaría con él, pero no es nada de esto. Es el pago de un impuesto fuera de plazo”, insiste la presidenta regional. 

Mala suerte la suya y qué inoportunas sus declaraciones porque este lunes, horas después de esa elocuente declaración, la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a la ampliación de la investigación sobre Alberto Quirón por dos nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. ¡Y ya van cinco!

Ahora se trata de investigar los negocios de González Amador con el gigante sanitario Quirón, una empresa que factura anualmente cientos de millones a la Comunidad de Madrid. Y, sí, tiene que ver con la emisión de facturas sospechosas que Hacienda enmarca en una operación “artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria”, que viene siendo lo mismo que lo que Ayuso llama “una red para evadir impuestos, para engañar” y que, “evidentemente a mí no me parecería bien”, “tendría que pagarlo” y “no estaría con él”. 

¿Y ahora qué? No hay propaganda ya, por muy subvencionada que esté, que pueda borrar los hechos.

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