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Abanca se hace con la subvención de 3 millones de la Xunta para instalar cajeros en ayuntamientos afectados por el cierre masivo de oficinas

Un hombre camina frente a la sede central de Abanca en A Coruña.

Beatriz Muñoz

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Abanca va a recibir casi tres millones de euros de fondos públicos en forma de subvención de la Xunta para instalar cajeros en municipios en los que han cerrado todas las oficinas bancarias. Aunque la entidad que preside Juan Carlos Escotet conocía desde agosto el resultado provisional del concurso público para entregar estos fondos, la decisión del Gobierno gallego la confirmó este viernes el director xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, David Cabañó, en el Parlamento gallego. El banco, heredero de las antiguas cajas de ahorros gallegas, obtuvo la mejor puntuación “con diferencia” en el concurso, dijo. Solo otra entidad se presentó una propuesta. La resolución definitiva se produjo el pasado jueves, un día después de que echasen el cierre varias de las sucursales del banco en municipios del rural gallego.

El proceso de cierres de oficinas del sector de la banca lleva años en marcha y en Galicia ha conducido a la exclusión financiera a los vecinos de decenas de municipios en los que ya no queda ni una sola sucursal. De acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), al término de 2020 esta era la situación de 45 ayuntamientos. Pero desde entonces la tendencia se ha mantenido y el goteo de anuncios de reducciones de red no ha parado. Algunos casos siguen afectando, como en el caso de Campo Lameiro (Pontevedra) a la que era la última sucursal y obligan a los habitantes a desplazarse a otros pueblos para acceder a servicios financieros básicos. Desde 2008 el número de oficinas bancarias se ha reducido a la mitad en Galicia, de acuerdo con los datos del Banco de España, que cifraba en 1.234 las que seguían funcionando a finales del año pasado.

La pérdida de servicios financieros básicos ha recibido la contestación de los vecinos de muchos de estos municipios. En los últimos meses, ante una oleada de cierres, ayuntamientos gobernados por distintos partidos políticos han organizado actos de protesta. El pasado 2 de septiembre centenares de habitantes de A Baña, Vimianzo, Zas, Fene y Cerdido se manifestaron en A Coruña. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en el Ayuntamiento de Portas (Pontevedra) para declarar un día de luto por la bajada de persiana de Abanca. En Campo Lameiro, gobernado por el PP, han iniciado los trámites para declarar persona non grata a Juan Carlos Escotet y se han negado a aceptar que la entidad envíe una “unidad móvil (un autobús)” una vez por semana. Incluso le han hecho una esquela a su última sucursal.

Abanca, que es la entidad que centra las críticas en Galicia, ha tratado de calmar los ánimos y ha afirmado a Europa Press que va a ofrecer servicios financieros en las localidades en las que está cerrando oficinas, pero será con cajeros, oficinas móviles y las sucursales que hay “en las localidades próximas”.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha salido en defensa del regidor de Campo Lameiro y compañero de partido. Dice entender “perfectamente” al alcalde, que considera que está defendiendo a sus vecinos. Sobre la subvención a la banca para que abra cajeros en los municipios que las entidades decidieron abandonar afirmó el pasado jueves que su Gobierno se ha anticipado a un problema que “se veía venir en Europa” y que atribuyó a “varias cosas”, entre ellas el aumento del uso de las tarjetas. Destacó que, para poner en marcha el plan, contó con el acuerdo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con la que firmó un convenio, al que se han adherido 34 municipios sin sucursales, según los últimos datos de la Xunta. Los ayuntamientos se comprometen así a ceder un local para que se instale allí el cajero y se ofrezca un servicio de asistencia y formación financiera.

La Fegamp, por su parte, criticó el texto de la orden publicada por la Consellería de Facenda para adjudicar la subvención. Su desacuerdo fue por esta asistencia y formación. La Xunta requirió la prestación de un “servicio mínimo”, pese a que el protocolo firmado con la Fegamp exigía una sistencia financiera “equivalente” a la de una oficina convencional. El Gobierno gallego va a subvencionar un máximo de 104 horas anuales de atención personalizadda con cita previa en cada municipio.

Los cierres de Abanca

En el caso de Abanca, sus informes financieros dejan constancia del adelgazamiento de su red en Galicia. La entidad nació cuando la venezolana Banesco ganó, en diciembre de 2013, la subasta de lo que entonces era Novagalicia -el banco en el que terminó transformándose la fusión de Caixa Galicia y Caixanova-. Al cierre de su primer ejercicio, el de 2014, tenía 548 oficinas en territorio gallego. Según el último dato publicado, referido a junio de 2021, eran 456. Es decir, cerró 92 sucursales en seis años y medio. Solo en los primeros seis meses de este año redujo en 21 sus sucursales en la comunidad.

En paralelo, el banco que preside Escotet ha ampliado su presencia otras zonas del Estado, apoyado en adquisiciones como la de Bankoa o la red española del portugués Novo Banco. Fuera de Galicia y en territorio español tenía al terminar 2014 un total de 112. Al cierre de junio del presente año eran 194.

Los 2,9 millones que ahora le entregará el Gobierno gallego deberán valer para que parte de esos municipios en los que ya no hay ninguna oficina amortigüen la exclusión financiera hasta 2025, que es el plazo de la subvención. Estará obligada a tener instalado el cajero en 90 días desde que el ayuntamiento ponga a su disposición un local y a hacer el mantenimiento del mismo. La cuantía máxima por cada una de las máquinas será de 16.020 euros por año. Las condiciones permiten subvencionar la instalación de cajeros en territorios en los que ya no había alguno, pero también en aquellos que se queden sin sucursales después de resuelta la concesión y debido a cierres de oficinas decididos por la entidad beneficiaria. Es decir, Abanca podrá clausurar espacios que ahora mismo están abiertos y poner en funcionamiento a cambio un cajero con cargo a estos fondos.

Una de las exigencias de la Xunta que el banco deberá cumplir es la de colocar el logotipo de la Xunta en la parte frontal del cajero y en la pantalla de acceso al menú principal.

Quejas de la oposición

La comunicación de que la convocatoria de la subvención está resuelta de forma definitiva en el Parlamento fue la respuesta dada por el director xeral de Política Financeira en una de las preguntas que los grupos de la oposición plantearon por los cierres de oficinas bancarias. David Cabañó defendió ante los diputados de BNG y PSdeG que el proceso de “reconversión” del negocio bancario y sus consecuencias en la clausura de sucursales debe ser afrontado a través de una “estrategia global” encabezada por el Gobierno central.

La portavoz del BNG en el debate, Noa Presas, sin embargo, ha pedido explicaciones al Gobierno de Núñez Feijóo, al que ha acusado de “regalar el país a Escotet” y de “mirar para otro lado” mientras Abanca deja sin servicio a sus clientes. La subvención es, a su juicio, “un escándalo” porque supone financiar con fondos públicos servicios que “las entidades tienen que ofrecer” porque son parte de su negocio.

El diputado del PSdeG Juan Carlos Francisco Rivera ha criticado la política de “echar balones fuera” de la Xunta y ha recalcado que la entidad que va a recibir la subvención ha tenido beneficios millonarios en los últimos años.

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