El pasado 26 de mayo la Audiencia Provincial de A Coruña revocó la intención del segundo juez instructor del accidente de la curva de Angrois, Andrés Lago Louro, de juzgar ya al maquinista del tren Alvia, Francisco José Garzón, como único culpable del siniestro que provocó 80 muertos. El conductor se había despistado y no frenó a tiempo, sin que hubiera sistemas de seguridad que lo evitaran o paliaran, defectos que el magistrado no veía relevantes penalmente. Sin embargo, el tribunal consideró que tres de la decena de peritajes que se realizaron sobre el accidente arrojaban dudas sobre si Adif había analizado y tratado adecuadamente el riesgo existente en ese lugar y le ordenó estudiar mejor esa cuestión. Más de tres meses después, el instructor da ahora el primer paso y decide que los tres peritos judiciales designados por el anterior instructor (dos de ellos funcionarios impuestos por la Xunta, de dudoso rigor y que no vieron ninguna responsabilidad a la margen del maquinista) se pongan de acuerdo en “un solo informe consensuado” sobre si el riesgo fue bien analizado.
De los diversos peritajes que se hicieron sobre el accidente del Alvia, tres detectaron que Adif no habría analizado como era su deber el riesgo existente en Angrois de un exceso de velocidad como lo que provocó el accidente. Fueron el único perito judicial elegido por sorteo por el primer juez instructor de la causa, un perito de parte nombrado por la aseguradora de Renfe (que aspira a compartir con Adif la responsabilidad económica del siniestro) y un catedrático al que le encargó un informe específico uno de los peritos impuestos por la Xunta, que no recogió sus apreciaciones en sus propias conclusiones exculpatorias de Adif.
El juez instructor sólo llamó a ratificar verbalmente su peritaje, en junio del año pasado, a los tres peritos judiciales, pero no al resto, y de los que sí comparecieron obvió al más independiente de todos, que veía defectos en el análisis de riesgos realizado por Adif. Se basó, por el contrario, en los otros dos peritos funcionarios de la Xunta que no vieron más causa del siniestro que el exceso de velocidad del maquinista, obviando los defectos que presentaban sus informes (uno contenía plagios y el otro no aclara cuanto pesaba el tren).
Ahora, más de tres meses después de que la Audiencia se lo ordenase, el juez cita el próximo 29 de septiembre para que ratifiquen sus peritajes y expliquen ante las partes los defectos que detectaron al perito designado por la aseguradora de Renfe y al catedrático cuyo informe no tuvo en cuenta el perito de la Xunta. Pero, con independencia de lo que digan, el juez ya encarga a los tres peritos judiciales (el independiente elegido por sorteo y los dos impuestos por la Xunta) que le remitan en un plazo de tres meses “un solo informe consensuado” sobre cuatro aspectos: si era obligatoria y Adif hizo una evaluación integral del riesgo de la línea que tuviera en cuenta la situación de peligro que existía en Angrois; si son correctos los cálculos realizados por el perito de la aseguradora de Renfe y el catedrático que dicen que el riesgo era inadmisible; si Adif descargó correctamente en Renfe y en el maquinista toda la responsabilidad ante un posible exceso de velocidad; y si existía consenso técnico sobre la necesidad de proteger con sistemas de frenado automático puntos de la red ferroviaria que requerían frenadas tan bruscas como la de Angrois.
Además de tomar estas decisiones, el juez incorpora ahora a la causa un “informe complementario” que el perito de la aseguradora de Renfe entregó en el juzgado el 5 de julio pero que aún ahora es remitido al resto de las partes. En él, empleando también datos del informe del catedrático, que en parte también corrige, insiste en su conclusión de que en Angrois existía un “riesgo intolerable” de “un descarrilamiento cada año”.