El desahucio de una familia en la parroquia compostelana de Aríns devolvió hace apenas dos semanas la problemática de los desalojos a las primeras páginas de la actualidad, tanto por el hecho en sí como por la carga policial y las detenciones sufridas por las personas que intentaban impedirlo. Una vez consumado el desalojo, la polémica en la ciudad continuó vinculada al modo en que el Ayuntamiento había actuado para buscar una solución para la familia. El alcalde, Agustín Hernández, defiende la actuación de los servicios sociales municipales frente a las críticas de la oposición local, que además se pregunta por qué las personas desahuciadas no pudieron acceder a uno de los pisos de emergencia social de los que dispone el Ayuntamiento. Uno de ellos está actualmente ocupado por la Red Madre, la organización antiabortista promovida por el Foro Español de la Familia.
Después de que Hernández, además de asegurar que el consistorio había hecho todo lo que estaba en su mano, indicara que el caso había sido “reconducido” al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y que el “cabeza de familia” no “había prestado” su “conformidad a la ayuda que se le ofrece”, la concejala socialista Mar Martín le preguntó por escrito al equipo de gobierno por el uso de estos pisos. Con el anterior gobierno local, tres de estos pisos –son cinco en total– permanecían vacíos para poder “atender necesidades o emergencias” cuando fuera necesario. Se trataba, dice en declaraciones a este diario, de que estuvieran disponibles para que personas con problemas sociales pudieran “vivir allí transitoriamente” antes de iniciar “una vida independiente”.
El hecho de que algunas de estas viviendas no tuvieran ocupantes fijos fue objeto de “cantidad de polémicas” entre el ayuntamiento y la oposición municipal en la etapa de Paula Prado como responsable municipal de Servicios Sociales. Fue durante su mandato, concretamente en la Junta de Gobierno Local del 31 de octubre de 2012 –ya con Ángel Currás como alcalde–, cuando se aprobó el “uso gratuito” de uno de los pisos para la Red Madre y de otro para la asociación Sarela, que atiende a personas con daño cerebral y que ya había dispuesto de las viviendas con el anterior gobierno “no para que tuviera allí actividades”, especifica Martín, sino para “que vivieran allí personas” que, por ejemplo, habían estado ingresadas y que aún no podían vivir solas. “Tenían una finalidad muy concreta y estricta”, subraya.
Mientras el PSdeG compostelano espera por la explicación del Ayuntamiento –este diario también se ha puesto en contacto com el gobierno local, por el momento sin obtener respuesta–, el colectivo antiabortista presenta este piso como Centro Red Madre Santiago en su web, la misma en la que explica que en la provincia de A Coruña tiene a la denominada Asociación Provida como entidad colaboradora“. Si este colectivo utiliza el piso ”como sede“ en la capital gallega, la edil socialista advierte de que ”vamos a presentar una queja o algo más, porque se estaría produciendo una distorsión del uso de un espacio público“ y ”una asociación de estas características no cumple ninguna de las condiciones necesarias“.
Referencia de la Junta de Gobierno Local en la que se cedió el piso
Otras vías de financiación pública
La cesión de un piso del Ayuntamiento de Santiago no es, ni de lejos, el único soporte público a este colectivo antiabortista. Justo después de recuperar la mayoría absoluta en Galicia, en 2009, el PP promovió en el Parlamento la tramitación de la iniciativa legislativa impulsada por el Foro de la Familia para, formalmente, constituir una “red de apoyo a la mujer embarazada”. La norma, a efectos prácticos, supuso garantizar por ley la financiación de las actividades de la Red Madre, que solo entre 2012 y 2013 recibió casi 120.000 euros en subvenciones de la Secretaría Xeral de Igualdade, en su mayor parte para sufragar gastos de personal. Otra de las consecuencias más llamativas de esta ley fue el “protocolo de renuncia de bebés en el hospital”, aprobado por el Consello da Xunta en mayo de 2012 para “favorecer que la madre gestante” decida “continuar con el embarazo” y “garantizar la confidencialidad en el caso de decisión de renunciar a su hijo/la”.
Las aportaciones de fondos públicos a la Red Madre vienen siendo criticadas reiteradamente por la oposición parlamentaria gallega y también por otras organizaciones entre las que se encuentra, precisamente, Stop Desahucios Compostela. Después de que, en noviembre de 2013, la prensa local presentara al grupo antiabortista como mediador para solucionar el caso de una familia con menores a su cargo que había sido desahuciada, la plataforma ciudadana advirtió de que esta “siniestra entidad” se estaba aprovechando de la gente en situaciones de extrema vulnerabilidad para hacer negocio de la miseria y funcionar como altavoz de las ideas más rancias de la derecha cavernaria“. La Red Madre, recordaban entonces, recibía fondos de entidades bancarias como La Caixa y la antigua Novagalicia Banco.