La contrarreforma legal que suprimirá el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo encendió el pasado viernes todas las alarmas, excepto en las facciones más duras del PP y de la Iglesia católica. Colectivos sociales y políticos alertan de la involución que supone el hecho de que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo hasta el punto de que seguir o no con un embarazo dependa de los criterios morales impuestos por el Estado y no de la libertad individual. En este contexto, el presidente de la Xunta aprovechaba una intervención televisiva el pasado sábado para alinearse con su compañero de filas: “teníamos una ley del aborto razonablemente admitida por las fuerzas políticas, pero Zapatero rompió ese consenso”, argumentó, tras cuatro años dándoles amparo legal y económico a los grupos más defensores del recorte de derechos.
Como Ruiz-Gallardón, Feijóo fue mediáticamente encuadrado, sobre todo a nivel estatal, en el espectro teóricamente más moderado de la derecha española, una imagen alimentada con guiños como el apoyo implícito al matrimonio entre personas del mismo sexo. No obstante, estrenó su mayoría parlamentaria en la primavera de 2009 rescatando la iniciativa legislativa popular impulsada por el Foro Español de la Familia nominalmente encaminada a “establecer y regular una red de apoyo a la mujer embarazada”. La norma salió adelante solo con el apoyo del PP y la denominada Red Madre pasó a estar protegida por ley, con sus miembros asumiendo funciones públicas como el asesoramiento a las mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas.
Desde la aprobación de la ley, los fondos públicos fluyen con soltura por las arcas de este movimiento ultraconservador. Solo entre 2012 y 2013, la secretaría general de Igualdade lo subvencionó con casi 120.000 euros, la mayor parte para gastos de personal, unas aportaciones de dinero que se producen mientras la Xunta insiste en la necesidad de incrementar la natalidad en el país, pero desvinculando la decisión de tener hijos e hijas de factores como los ingresos o el empleo. Además de las consecuencias económicas, el desarrollo de la ley de la Red Madre trajo consigo normativas anexas como el “protocolo de renuncia de bebés en el hospital”, aprobado por el Consello de la Xunta en mayo de 2012. Segú el propio Gobierno, la finalidad de este documento es “favorecer que la madre gestante” decida “continuar con el embarazo” y “garantizar la confidencialidad en el caso de decisión de renunciar a su hijo/la”.
La apuesta de la Xunta por que las mujeres sigan adelante con sus embarazos aunque no estén en condiciones de criar a un hijo o hija impregna también el Plan de Apoyo a la Mujer Embarazada de la Consellería de Benestar, derivado también de la ley de la Red Madre. En este documento, el Gobierno gallego muestra con claridad su intención de “promocionar” entre las mujeres con un embarazo no deseado “la acogida y la adopción como alternativas eficaces”, facilitándoles el mencionado “protocolo de renuncia de bebés”, ya sea “en el hospital” o “fuera del ámbito hospitalario”. Del mismo modo, el plan prevé la elaboración antes de que concluya 2014 de una guía titulada Decidiendo sobre la planificación del embarazo y dirigida especialmente a la juventud. En este caso, la Xunta facilitará datos sobre “planificación del embarazo, erótica conceptiva y aconceptiva, métodos anticonceptivos, prestaciones a la maternidad, acogida y adopciones”.
En el debate político
Con la ley de plazos aún en vigor, la oposición parlamentaria gallega ha insistido en estos años en la necesidad de aplicar correctamente la norma y ha censurado las medidas destinadas a obstaculizarla o a impulsar y divulgar, incluso a través de campañas publicitarias, el ideario antiabortista. Así, por ejemplo, el pleno del Parlamento abordó en estos años iniciativas como la proposición del BNG para instar al Gobierno a “defender los derechos de las mujeres” y “reclamar que no se derogue” la ley de salud sexual y reproductiva. La nacionalista Ana Pontón defendió la “libertad” de las mujeres para “decidir libremente sobre su cuerpo” y sus argumentos chocaron contra los de la conservadora Ángeles Díaz Pardo, quien cargó contra las “aberraciones” del “desgobierno socialista”, que derivaron en la “utilización incontrolada” de la píldora poscoital y del propio aborto, hasta el punto de ser tratados como métodos anticonceptivos“, proclamó.
El propio Bloque y también PSdeG y AGE continuaron el pasado mes de mayo, ya a la espera de la ley de Ruiz-Gallardón, reclamando “que se mantenga” la ley vigente y “que no se financie a grupos antiabortistas con dinero público”. En aquel momento, la diputada Julia Rodríguez se mostró molesta por el “marcado carácter ideológico” de las posiciones del resto de grupos y se deshizo en elogios hacia la Red Madre, cuyo vicepresidente, Benigno Blanco, fue secretario de Estado con Aznar y dirige actualmente el Foro de la Familia. Esa organización, afirma, no debe ser “cuestionada” porque solo “apoya a quien quiere continuar con su embarazo” y además lo hace “desinteresadamente”.
Mientras la oposición le recordaba que el propio Código Civil no considera al recién nacido como figura humana“ hasta que ”vive 24 horas enteramente desprendido del seno materno“, Rodríguez llevó al legislativo gallego algunos de los dogmas conservadores, tales como el ”conflicto“ entre el ”derecho a la vida del nasciturus“ y la ”facultad de decisión en lo que se refiere a la maternidad“, algo que está ”muy claro“. Esa claridad lleva también al PP gallego a dar por ”cierto“ el ”dato“ incluido en las vallas propagandísticas del colectivo Derecho a la vida, según los cuales cada día ”mueren 300 niños“ a causa del aborto.