El 'caso Déborah' es el de “cuando matar a una niña de 22 años sale tan barato”, en palabras de Rosa, la hermana de la joven viguesa que fue vista con vida por última vez a 400 metros de su casa, el anochecer de un 30 de abril. Ocurrió hace este sábado 20 años. El aniversario es doblemente triste porque que vence el plazo legal para que prescriban, sin resolverse, las diligencias abiertas por delito de homicidio o asesinato de Déborah Fernández-Cervera, cuyo cadáver, desnudo y manipulado, aunque sin signos de violencia, fue encontrado el 10 de mayo de 2002, diez días después de desaparecer, en una cuneta en el municipio de O Rosal (Pontevedra), a 40 kilómetros de su domicilio.
Al cumplirse dos décadas de una causa marcada por innumerables obstáculos, torpezas y fallos en las investigaciones así como múltiples sobresaltos judiciales y policiales, el Juzgado de Instrucción número dos de Tui (Pontevedra) archivará, por prescripción legal, el caso. La Fiscalía no pedirá ninguna prórroga. Solo quedarán abiertas las diligencias iniciadas en febrero pasado contra el exnovio de la joven, único imputado, en calidad de investigado. No se podrá indagar la participación en el crimen de nadie más. El juzgado deberá determinar la participación o no del hoy empresario vigués que mantuvo una relación sentimental con Déborah. Si considera que hay sospechas sólidas, el caso irá a juicio. De lo contrario, se cerrará definitivamente.
“No es el final del proceso, el camino sigue, queda mucho por recorrer, hay por delante otros 20 años para investigar al imputado”, asegura Rosa Fernández-Cervera, la hermana de Déborah. La familia de la joven estudiante sigue sin darse por vencida. Fue su lucha, incansable, frente a una “desastrosa y negligente” investigación policial en los primeros años, la que consiguió reabrir en 2019 el caso por homicidio o asesinato. Había sido archivado inexplicablemente nueve años antes como muerte natural. Fueron también los padres y hermanos los que obligaron a la Justicia a practicar, casi dos décadas después, nuevas diligencias, oír a testigos que nunca habían sido citados, exhumar el cuerpo de la joven para tratar de extraer fibras y ADN y abrir nuevas líneas de investigación. “Tuvimos que aprender de leyes, de investigación judicial, de autopsias, de pruebas genéticas…”, recuerda Rosa en declaraciones a Europa Press. Si la jueza de Tui desestima la participación del exnovio y da el carpetazo definitivo al caso, la familia afirma que acatará la decisión. “Pero no será el final para mí, quiero saber quién mató a mi hermana”, añade Rosa.
La tarde del 30 de abril de 2002, Déborah salió a correr por el paseo marítimo de Samil, cerca de su casa en Vigo. Se encontró con una prima y le contó sus planes de acercarse a un videoclub para alquilar una película francesa. Fue vista por última vez antes de las nueve de la noche, a unos 400 metros de su casa. La Guardia Civil dio enseguida crédito a la alarma de su familia, admitió la denuncia la mañana del 1 de mayo y lanzó la búsqueda. Diez días después, a 40 kilómetros de distancia, una vecina de O Rosal encontró su cadáver colocado en una cuneta. Estaba rodeado de pistas que resultaron ser falsas.
La investigación policial fue “nefasta”, denunciaron los abogados de la familia. Fueron ignorados un sinfín de indicios y no se indagaron contradicciones de testigos, entre ellas las del exnovio de la joven, que llegó a declarar cuatro veces ante la Policía en 2002. Hubo diligencias que llegaron tarde o incluso nunca al juzgado. No se realizaron en su momento comprobaciones que, casi dos décadas más tarde, resultaron importantes, como la inspección del coche de su expareja o el análisis del ordenador de la joven estudiante en Diseño Gráfico. Muchos años después, se comprobó que el disco duro fue “manipulado concienzudamente para borrar su contenido”. Alguien experto en informática no dejó rastro alguno en un dispositivo que se recogió, sin orden judicial, de la casa de Déborah en 2006 y permaneció supuestamente desde entonces en dependencias policiales. Es una de las muchas irregularidades del caso. Más hechos que no tienen explicación: no se rastrearon las llamadas realizadas o recibidas por el exnovio en aquellos días ni se sabe por qué hay números en blanco en el listado telefónico de Déborah.
“Muerte natural”
Es larga la lista de actuaciones policiales y judiciales inexplicables, sorprendentes o contradictorias en estas dos décadas. En 2010, ocho años después desaparecer la joven, un nuevo equipo policial se hizo cargo del caso y presentó ante el juzgado el denominado 'informe Arkano', que dirigía con contundencia todas las sospechas hacia el exnovio, dadas las múltiples contradicciones en sus declaraciones ante la Policía. Ese atestado establecía como hipótesis más plausible que Déborah se fue voluntariamente con una persona cercana aquella tarde de 2002 y que su muerte se produjo por sofocación o por acción criminal. Incidía el informe en las máximas precauciones que tomó la persona implicada para confundir a los investigadores y crear pistas falsas, como, entre otras, un pañuelo y un preservativo que aparecieron junto al cadáver. El semen encontrado en el interior del cuerpo fue analizado sin que se pudiese relacionar con nadie. Pero se comprobó que había sido introducido post mortem.
Ese demoledor informe no resultó suficiente para el juzgado, que decidió, poco días después de recibirlo, archivar el caso. Consideró que no había pistas sólidas para imputar a nadie. Déborah murió oficialmente “por causa natural”. Que los análisis forenses revelasen que su cuerpo estuvo varios días en un lugar que permitió su conservación, como una cámara frigorífica, antes de ser trasladado y dejado en una cuneta de O Rosal, tampoco mereció mayores indagaciones hasta 17 años después.
Reapertura del caso en 2019
El incesante empeño de la familia para hacer justicia fue el que forzó a reabrir el caso en noviembre de 2019, nueve años después de su primer archivo, al reunir nuevos informes, pruebas y testigos. El Juzgado de Tui retomó la causa, y se sucedieron desde entonces, con casi 20 años de retraso y siempre a instancias de los parientes de la joven, la exhumación del cadáver en mayo de 2021, múltiples cotejos de ADN y la inspección del antiguo coche del exnovio y de un arcón congelador de su propiedad.
Desde febrero de este año, desfilaron ante el juzgado antiguos y nuevos testigos. Fue la Audiencia Provincial de Pontevedra, también a petición de la familia, la que obligó a la jueza a llamar a declarar como investigado al exnovio. Era la primera vez que la Justicia imputaba a alguien por este crimen sin resolver y propició que el caso no se haya cerrado del todo ahora que se acaban de cumplir 20 años de la desaparición de la joven.
Su excompañero acudió el pasado 11 de marzo al juzgado. Durante dos horas contestó a preguntas de la jueza, de su abogado y del fiscal, siempre defendiendo su inocencia. Sostiene que ya no tenía contacto con la chica, que habían roto su relación tiempo atrás. La defensa del exnovio insiste en que no hay prueba genética alguna que lo implique y pide el archivo de las diligencias aún abiertas. No está relacionado con ninguna de las muestras aparecidas en el cadáver tras su exhumación en mayo de 2021, insisten los abogados del hombre. Encontraron ADN de un varón en un pelo aparecido en el pie de la joven en 2002. Pero esa vía que apuntaba a un testigo, un vecino de Déborah que había asegurado haber visto en 2002 cómo se manipulaba un cuerpo en el interior de una furgoneta, tampoco resultó concluyente. La jueza la cerró definitivamente hace unos días.
Para la familia, la lucha por averiguar qué le ocurrió a Déborah continúa pese a todo. Rosa, su hermana, dice que, cuando el sistema los ha dejado “desamparados” y “cuando no hay autocrítica y matar a una niña de 22 años sale tan barato”, esa es la única vía que les queda. “Hay una frase de Montesquieu que dice que cualquier injusticia sobre una persona representa una amenaza para todos los demás. Esa frase me removió el alma y supe que debía hacer lo imposible por conseguir justicia para Déborah. Conseguirlo es una forma de que su muerte no fuese en vano, al menos permitiría que la persona que hizo tal atrocidad y que causó tanto dolor en tantos de nosotros no pudiese volver a hacerlo”, reflexiona.