La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña contra la Xunta por presunta prevaricación y malversación de fondos vinculados con la tramitación del plan industrial para el desarrollo de dos proyectos eólicos de Greenalia Wind Power. Según han explicado representantes de la asociación Kaekias Eólica S.A. consiguió, en la Orden del 29 de marzo de 2010, la asignación de 75 megavatios para desenvolver los parques eólicos de Campelo y Lamas de Feás con el compromiso de ejecutar un plan industrial específico o de monetizarlo en un importe económico que tendría que ser depositado en el fondo de capital riesgo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Según Adega, Kaekias Eólica escogió la opción de monetizar los parques industriales por un valor de 11.721.971 euros. En 2016 el Grupo Greenalia absorbió la empresa Kaekias Eólica y la titularidad de los proyectos eólicos Campelo y Lamas de Feás, así como los compromisos vinculados a ambos proyectos, que no se habían llevado a cabo. Pero en 2019 Greenalia pidió que se diese por ejecutado el plan industrial en base al desarrollo de tres de sus actividades llevadas a cabo entre 2015 y 2019, en vez de ingresar los casi 12 millones de euros.
Los hechos denunciados están relacionados con la resolución administrativa emitida el 21 de julio de 2021 por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais en la que se da por ejecutado el plan industrial que comprometía la asignación de potencia para los parques eólicos en el concurso de la Xunta de 2010. Adega ha puesto el foco en la anterior directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais y actual secretaria xeral de Industria, Paula Uría Traba, por estar al frente de la dirección cuando se dio por ejecutado el plan industrial de Greenalia.
Los representantes de Adega señalan que en la regulación del concurso de 2010 “no tenía cabida legal una modificación del proyecto industrial”. Aseguran que “es especialmente grave que el proyecto se haya dado por ejecutado” y que esto “crea un peligroso precedente”. Consultada por Europa Press, Greenalia defiende que cumple “todos los criterios que le ha pedido la administración” y que justificó todo “en tiempo y forma”.
En paralelo, el parque de Campelo, paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha estado a debate en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento gallego. En concreto, el diputado del BNG Luís Bará preguntó al director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, por el auto del TSXG, que aceptó el recurso contencioso presentado por Adega por incumplimientos de la normativa ambiental en este proyecto.
Fernández Vila justificó la tramitación por parte de la Xunta y manifestó que, por resolución del 5 de marzo de 2018, se autorizó la transmisión de la titularidad del parque para Greenalia, mientras que en abril se presentó una modificación del proyecto motivada por condicionados ambientales y la evolución tecnológica del sector eólico. Tras múltiples modificaciones en el proyecto, el 18 de julio de 2019 el órgano ambiental informó de que, teniendo en cuenta, el alcance de las modificaciones de la promotora y que el Instituto de Estudos do Territorio había emitido un informe favorable, no se necesitaba que Greenalia presentase nuevos estudios ambientales.