“Falseamiento de cuentas, cohecho y delito electoral”. Son los presuntos delitos que la jueza Pilar de Lara le atribuye a José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esa provincia. La instructora del caso Pokémon acaba de culminar el primer tramo de la investigación de la supuesta “caja B” de los populares ourensanos, que ya da por confirmada, y ante la necesidad de tener que remitir parte del caso -todo excepto lo directamente ligado a la Pokémon- a los juzgados de Ourense por tratarse de delitos presuntamente cometidos en su jurisdicción, concreta en una causa separada los cargos que le atribuye al que fue barón provincial del PP, cargo que ahora ocupa su hijo, tanto en el partido como en la Diputación.
En un auto emitido el pasado día 25 y la cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es la magistrada indica que las investigaciones de Vigilancia Aduanera “corroboran” que, durante años, el PP de Ourense manejó un “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” que vendría a encubrir gastos abonados con dinero en metálico procedentes de diversas empresas, entre ellas, algunas del grupo Véndex, compañía considerada centro de la trama Pokémon. Baltar, afirma De Lara, era el “encargado de recoger personalmente el dinero que diversas empresas abonaban, teóricamente, en concepto de donación al partido”.
Las indagaciones que la jueza da por refrendadas avanzaron, en buena medida, gracias al testimonio del exgerente del partido, Emilio Pascual. Así, la magistrada explica que las “distintas empresas” a las que ha interrogado confirman que “de forma habitual” recibieron pagos en metálico del PP de Ourense. Del mismo modo, “empleados del partido” ya “han reconocido” que ese dinero ajeno a la contabilidad oficial sirvió para pagarles “gratificaciones extraordinarias”, esto es, sobresueldos. Todo esto, indica, sucede sin que haya “ninguna anotación contable ni movimiento bancario que pueda justificar dichos pagos en efectivo”.
Facturas a nombre de candidatos
La hipótesis de De Lara toma forma, además, a través de las declaraciones que Vigilancia Aduanera les ha tomado a diversos miembros de las listas electorales del PP ourensano en las municipales de 2011, cuyos nombres figuraban en algunas de las facturas investigadas. Según estas declaraciones los candidatos indican que “nunca habían concertado servicio alguno con las empresas”, por lo que, indica la instructora, “sería el propio partido quien hizo los encargos y quien, finalmente, abonó las facturas”, lo que implicaría “un delito de falsedad documental, siempre que sean ciertas las aseveraciones de los candidatos”.
Solo un candidato se aleja de esta línea argumental. Es, según el auto, quien hasta el pasado 24M ejerció como portavoz municipal del PP en la ciudad de Ourense, además de como hombre fuerte de la Diputación, Rosendo Fernández. “Este -afirma la jueza- manifestó que sí reconoce la factura y que se corresponde con el encargo realizado” a una empresa de publicidad de la ciudad, a la que le pagó “en efectivo con dinero que tenía en su casa y que, desde un año antes, había ido retirando de su cuenta bancaria ante la previsión de estos gastos”. Para Vigilancia Aduanera “las declaraciones realizadas” por Rosendo Fernández “son carentes de toda lógica y podrían indicar un deseo de encubrir el pago real efectuado por el partido”.
Con todos estos “indicios” sobre la mesa a jueza “presupone” que el dinero manejado “podría tener su origen en fondos opacos o 'B' a favor del PP de Ourense”, que contaría con una “estructura paralela de gestión económica a modo de caja B”. Estos movimientos de fondos, profundiza, “se realizarían con falta de transparencia y respeto de las prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos”. Además, indica, “se desconoce” si el propio José Luis Baltar “ha podido estar lucrándose con este sistema”, lo que implicaría que habría cometido no sólo “un presunto delito de falseamiento de cuentas, sino también de soborno”.