La investigación sobre la presunta 'caja B' del PP de Ourense sigue ampliándose. Apenas dos semanas después de que la jueza Pilar de Lara tumbara el recurso con el que José Luis Baltar intentó frenar el proceso la magistrada que instruye el caso Pokémon acaba de ordenar nuevas diligencias. Lo hace tras examinar un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera elaborado a partir de la documentación “facilitada” el pasado febrero por Emilio Pascual, ex gerente del partido y testigo en la causa. Los papeles, lejos de alejar las sospechas, reafirman a la jueza en la hipótesis de que la formación funcionó con una 'caja B' que, considera, sirvió para financiar gastos electorales y también sobresueldos, gratificacións que hasta ahora no había mencionado.
Según señala en un auto dictado este martes y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es la documentación aportada por Pascual tiene, esencialmente, dos componentes. Por una parte, “recibos firmados por distintas personas, encargadas o representantes de empresas” que acreditan “entregas de dinero en efectivo” por parte del PP. Por otra, la “supuesta contabilidad B, en la que se reflejarían las supuestas entregas de dinero realizada por José Luis Baltar a Emilio Pascual”. El dinero, según la investigación, procedían de aportaciones de empresas y servía para “proceder al pago en efectivo de diversos servicios”.
Tras examinar los documentos “resultaría que, como declara Emilio Pascual”, dice la jueza, el PP de Ourense realizó “de forma habitual” esos pagos en efectivo “a empresas que le prestan servicios”, algo que ya ha sido “reconocido por sus representantes legales”. Además, recoge en el auto, “habría estado retribuyendo gratificaciones extraordinarias a los empleados” del partido “mediante pagos en metálico, tal y como estos mismos han reconocido”, señala. Todos estos pagos “eran realizados por Emilio Pascual” en calidad de gerente y, según su declaración, se harían con el dinero que Baltar padre le entregaba con esta finalidad y “siempre bajo sus instrucciones”.
En este contexto, De Lara también refleja algunas de las cantidades que habrían salido de la que ella misma denomina como supuesta “caja B”. Según lo que Pascual presenta como contabilidad paralela, “en la que se reflejan las fechas e importes monetarios entregados por José Luis Baltar”, “tales sumas ascenderían” a 48.850 euros en 2007, 104.250 en 2008 y 57.285 en 2009. En total, más de 200.000 euros en unos años en los que el partido ya estaba encabezado en Galicia por su actual dirección. Según los investigadores “en la mayoría de las ocasiones” coinciden las “fechas y cantidades” de la documentación examinada y de los pagos “a los distintos proveedores y prestadores de servicios.
Estas nuevas conclusiones “corroboran”, según la jueza, la “veracidad del testimonio” del ex gerente y “vendría a dotar de certeza la hipótesis acerca de la recaudación” por parte del ex barón popular, quien “dispondría de elevadas cantidades de dinero en efectivo, de origen por el momento no concretado”, que permitirían este flujo de cobros y pagos en metálico “al margen de la contabilidad oficial del partido, dando lugar a una estructura paralela de gestión económica”. Para De Lara estas conclusiones son especialmente relevantes en el marco del caso Pokémon, toda vez que la investigación de la supuesta trama corrupta recoge un “supuesto pago de dinero realizado por la empresa Véndex al señor Baltar” en mayo de 2011 dentro de lo que uno de los imputados, José María Tutor, denominó “la ruta del bacalao”.
Así las cosas, y “a fin de verificar definitivamente que el dinero con el que se pagaron tales servicios y se gratificó a los empleados del PP de Ourense” procedía de las “entregas de dinero realizadas” por Baltar “al margen de lo ingresado en las cuentas del partido” la jueza ve “absolutamente necesario comprobar” la “contabilidad íntegra del PP de Ourense” y la “identificación y extracto de los movimientos” de sus cuentas bancarias para comprobar en ellas si “tales flujos de efectivo aparecen reflejados en las mismas”. De este modo, De Lara le reclama formalmente sus cuentas a los populares ourensanos y autoriza a Vigilancia Aduanera para consultar los datos fiscales y tributarios de siete empresas y cuatro personas.