La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar si existe responsabilidad penal por el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió el pasado 15 de febrero en el mar de Terranova. Sobrevivieron tres de los 24 tripulantes que iban a bordo. Se recuperaron los cuerpos de nueve marineros y los 12 restantes siguen desparecidos, pero ya han sido declarados muertos.
La investigación la está dirigiendo el juzgado central de instrucción número 1, según la información que publica el diario La Voz de Galicia. En la documentación figura la declaración ante la Guardia Civil de uno de los tres marineros supervivientes, Samuel Kwesi, que difiere del relato hecho por los otros dos tripulantes rescatados con vida: el patrón, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial.
El pasado miércoles, los tres supervivientes declararon en Vigo ante la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), órgano dependiente del Ministerio de Transportes que deberá emitir un informe sobre el siniestro en el plazo máximo de un año. Esta comisión comenzó con sus pesquisas tras el naufragio. En la primera fase formó un equipo de investigadores y recabó “evidencias documentales y electrónicas” sobre el buque, su tripulación y su viaje. Entre los documentos están los certificados del buque, el proyecto de construcción, las reformas por las que pasó, las listas de tripulantes, sus titulaciones y certificados, los registros electrónicos de los sistemas de localización del buque (caja azul de pesca y registros del Sistema de Identificación Automática), las previsiones meteorológicas, las radiocomunicaciones y las señales de emergencia.
La investigación de la Ciaim, que avanza de forma independiente a la de la Audiencia Nacional, entró en su segunda fase, que incluye los testimonios de los supervivientes y de los familiares de los desaparecidos, que comparecieron ayer viernes.
El grupo Nores, armadora del Villa de Pitanxo, informó hace unos días de que, según lo que ha contado el patrón, el accidente fue durante la maniobra del virada del aparejo. Hubo, según la versión que la empresa atribuye a Juan Padín, una parada en el motor principal en ese momento que dejó a la embarcación sin gobierno y expuesta al viento y a los golpes de mar, que la escoraron y provocaron que se hundiese de forma “muy rápida”.
El barco tenía varias sanciones por infracciones graves de pesca ilegal, según informa Europa Press, que cita sentencias de la Audiencia Nacional, la última de ellas con fecha del 17 de julio de 2020. El Ministerio de Pesca impuso sanciones en 2016 por seis infracciones graves de la Ley de Pesca Marítima. Las multas sumaban más de 160.000 euros por cuestiones como eliminación u ocultación de pruebas en controles de inspección, falta de envío de posiciones del buque, no contar con las autorizaciones de pesca y diferentes incumplimientos relativos a capturas a bordo y desplazamientos.