La junta de gobierno local de Pontevedra ha aprobado la presentación de un “incidente de nulidad de actuaciones” tras la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la validez de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán. La portavoz municipal, Anabel Gulías, ha afirmado que ese dictamen “genera indefensión” para el Ayuntamiento.
Tras la valoración de esa sentencia --que el gobierno municipal considera “injusta”-- por parte de los servicios jurídicos del Consistorio, esta será “la primera de las acciones” que impulsará el Concello “por tierra, mar y aire para devolver a la ciudadanía el espacio que le pertenece”, ha justificado Gulías parafraseando las palabras del propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, informa Europa Press.
“Cuando la Audiencia Nacional estima nuestro recurso, no valora todos los motivos que esgrimimos, solo uno”, ha explicado la portavoz municipal, en alusión al artículo 32 de la Ley de Costas, en cuanto a que las instalaciones de Ence “por su naturaleza podían tener otra situación fuera del dominio público marítimo-terrestre”. La resolución de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, ponía fin a la permanencia de la polémica planta en la ría.
En este sentido, la reclamación del Concello de Pontevedra implica dirigirse al Tribunal Supremo para “paralizar” lo que ha estimado en su dictamen “y volver de nuevo a la Audiencia Nacional para que se juzguen los motivos esgrimidos” en la totalidad del recurso presentado por el Gobierno local.
Así, entre los argumentos que, según Anabel Gulías, no se han tenido en cuenta, figura la “vulneración de la legislación ambiental autonómica” en materia del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio. Tampoco se habrían valorado las circunstancias sobre la concesión de la prórroga por parte de un Gobierno en funciones, en 2016, sin “garantías acordes con la importancia de someter la ría a todos esos años de condena”.
Además, el Ayuntamiento de Pontevedra reclamaba la aplicación de la directiva de servicios de la Unión Europea, en tanto sería necesario que la concesión de los terrenos fuese por “concurrencia competitiva, no a dedo”, y la “caducidad expresa de la prórroga de 2018”. Gulías defiende que “hay muchos motivos” para que Ence tenga que salir de la ría y no uno solo.