“Esta movilización ya forma parte de la historia del campo gallego”. Quien habla es el ganadero Román Santalla, que como uno de los portavoces de la Plataforma pola Defensa do Sector Lácteo Galego y miembro de Unións Agrarias ha estado en las últimas semanas en las carreteras de Galicia en tractoradas y bloqueos mientras, simultáneamente, velaba por la supervivencia de su explotación ganadera. Santalla relata, no sin emoción, que en el seno de la plataforma se acaba de apostar por desconvocar el bloqueo a las industrias y la huelga de entregas de leche. Se hace tras lo que consideran “una movilización histórica” con la que, asegura, “se han conseguido algunos aspectos importantes” para la supervivencia del sector.
Las protestas, recuerda Santalla, se desarrollaron durante semanas en las que “ministerio, industria y distribución” no “nos hicieron ni caso”, “ni en la cooperación para la formación de precios ni en las sanciones a los incumplidores”. Pero el panorama, dice, y ratifican otras fuentes consultadas, comenzó a cambiar cuando desde finales de la pasada semana la plataforma apostó por el bloqueo a la industria y, selectivamente, también a la distribución. Algunas grandes cadenas comenzaron a hacer gestos con los precios y algunas industrias, a “romper con contratos” que ya estaban en vigor.
Las asambleas de ganaderos y ganaderas tendrán que ratificar ahora definitivamente una desconvocatoria que llega tras una presión movilizadora que, afirma Román Santalla, ha logrado incluir en el preacuerdo formulado la pasada semana en el Ministerio de Agricultura “uno de los temas más importantes, una referencia a las cantidades que pueden ser consideradas ”precios sostenibles“. ”Nosotros queríamos saber lo que es precio sostenible y ahora se hace mención“ a una ”horquilla“ que iría de los 33,7 a los 45 céntimos por litro y que, por lo tanto, garantizaría el fin de la producción por debajo del precio de coste.
Ese logro en cuanto a precios, unido al compromiso de entrada en vigor del pacto con fecha de 1 de octubre “frente a la propuesta inicial del 1 de diciembre” son algunos de los motivos que han llevado los ganaderos a asumir el fin del bloqueo, que no de la protesta, la cual tomará otros caminos. “Estamos también a la espera -agrega- de que el texto incluya un régimen de sanción de los incumpridores”, lo cual afianzaría todavía más lo conseguido.
“Nos podíamos haber marchado como se marcharon los de Lugo, con el rabo entre las piernas o engañados”, dice Román Santalla en conversación con este diario. “Pero no nos marchamos, peleamos y ha habido gestos de las industrias, de la distribución y del Ministerio”. “Ahora -resuelve- queda comprobar que el acuerdo contiene todos estos temas, firmar y que se cumpla”. “Y lo más importante -advierte- el sector sale de esto unido, como un bloque”.
Feijóo censura las protestas por “políticas”
Este gesto de los ganaderos llega horas después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, profundizase en el Parlamento en la línea argumental desplegada por la Xunta y el PP en las últimas fechas, que ha combinado el ensalzamiento del grupo de ganaderos de Lugo que se desmarcaron de las movilizaciones con críticas a quienes optaron por mantenerlas. En respuesta al BNG el jefe del Ejecutivo gallego dibujó un panorama en el cual la oposición en general y el Bloque en particular “incita” a los ganaderos a “no aprovechar una gran oportunidad” firmando el preacuerdo formulado en el Ministerio de Agricultura por industria y distribución.
“Ejerza como presidente, reúna al sector, negocie una propuesta de país y presione en Bruselas y Madrid”, le exigió el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, para quien la redacción original del preacuerdo estaba “llena de inconcreciones” y no ofrecía “las mínimas garantías”. “Los ganaderos tienen todo el derecho del mundo a hacer política”, replicó el presidente, en la enésima mención al término “político” en sentido peyorativo durante el pleno. “No permitamos que ningún interés que no sea el del ganadero esté por detrás de este conflicto”, exigió, ya que, asegura, lo propuesto en Madrid ya era lo “máximo” a lo que se podía llegar dentro de la legalidad.