La Xunta ha dejado sin contestar más de 500 peticiones de documentación presentadas por el BNG en el Parlamento de Galicia a través del artículo 9, un recurso de los diputados para obtener datos de forma directa y personal de la Administración autonómica. Son el 75% de las solicitudes que ha registrado la formación en lo que va de legislatura -que está mediada-. “Denunciamos que oculta de forma sistemática documentación de mucha importancia”, manifestó el diputado Daniel Castro.
En los dos últimos años, el grupo parlamentario del BNG presentó 571 peticiones de documentación. Entre la información que ha reclamado conocer están los contratos de la seguridad privada con la empresa Eulen -en la que la directora de la zona Noroeste es la hermana de Alberto Núñez Feijóo-, las sanciones a las hidroeléctricas y las muertes en residencias de mayores durante la pandemia.
El parlamentario ha recordado la obligación del Gobierno gallego de responder en un plazo de 30 días hábiles a estas peticiones. “Ni en 30 ni en 90 ni en 365 días”, denunció Castro, que ha puesto como ejemplo casos en los que alcanzan los 750 días. Los datos que se han reclamado, insistió, tienen “mucha importancia” por que afectan a temas como la sanidad, las residencias, la concesión de ayudas, expedientes sancionadores, delitos ambientales, empresas vinculadas a altos cargos del PP -la directora de la zona noroeste de Eulen es la hermana de Alberto Núñez Feijóo- y que contratan con la Xunta.
A modo de ejemplo concreto, Daniel Castro expuso que el PP oculta documentación de las subvenciones, préstamos y avales al astillero de Barreras. El comportamiento de la Xunta, afirmó, es “opaco y obstruccionista”.
Ha comparado el caso del BNG con el del grupo parlamentario del PP. En esta legislatura ha presentado cuatro peticiones amparadas en el artículo 9 y todas han recibido respuesta. Castro señala que “cuando oculta -la Xunta- información, no lo hace al BNG, oculta información a la ciudadanía y está mostrando un total desprecio”.
La formación política va a llevar el asunto al pleno y preguntará al Gobierno en la sesión de la próxima semana por lo que califica de “despropósito democrático”. El BNG no descarta otras posibles acciones posteriores si la respuesta “no es satisfactoria”.
En la legislatura anterior el entonces diputado del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez presentó un recurso contencioso-administrativo ante la ocultación del Gobierno gallego de documentos relativos a la fusión de las cajas Caixa Galicia y Caixanova que terminó en fracaso y con su conversión en un banco. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón al parlamentario.