En plena revuelta del campo con tractores invadiendo las calles de las ciudades, la noticia casi pasa desapercibida pese a ser histórica: la Audiencia Nacional, en nueve sentencias, considera probada la existencia de un cártel de la leche que perjudicó a decenas de miles de ganaderos. Las industrias lácteas, entre ellas las más relevantes del sector, el denominado grupo G5 (Lactalis, Pascual, Puleva, Danone y Capsa, perteneciente a Central Lechera Asturiana), se confabularon para evitar toda competencia entre ellas y controlar así la producción, venta y precios del mercado de la leche de vaca cruda. Y eso durante por lo menos 13 años.
Es la primera vez que un tribunal de Justicia confirma la resolución administrativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las multas millonarias impuestas a ocho empresas, aunque en algunos casos, según falló la Audiencia, habrá que rebajarlas por haber prescrito una parte de las infracciones cometidas. Otras seis industrias ya se habían librado de ser sancionados por el mismo motivo de plazos.
El fallo judicial, no obstante, abre igualmente la puerta a que decenas de miles de granjeros que vendieron leche de vaca entre el año 2000 y 2013, el periodo investigado y comprobado, puedan ahora reclamar sustanciosas indemnizaciones a los industriales del sector por los daños sufridos. Pueden demandar a ser resarcidos por el cártel independientemente de si entretanto ya se jubilaron o cesaron la actividad. Incluso los herederos de ganaderos fallecidos podrán aspirar a ser declarados perjudicados con derecho a compensación. Las industrias lácteas se enfrentan a tener que pagar además de sanciones millonarias, cientos de miles de euros a los productores perjudicados.
“Es la historia de David contra Goliat”, apostilla Felix Porto, portavoz de Unións Agrarias-UPA, el sindicato de donde partió en 2011 la denuncia contra unas prácticas industriales ahora declaradas ilegales. Son años de batalla, con muchos sobresaltos y costosos procesos para demostrar que los gigantes del sector maquinaron para controlar el mercado del suministro de leche, imponiendo a los productores condiciones, rutas y precios de venta.
Son más de 35.000 explotaciones perjudicadas, muchas hoy desaparecidas, calcula la organización agraria. Al comenzar el siglo, había 52.000 granjas de leche en España, la mayor parte en Galicia (33.000). En 2013, sólo quedaban la mitad.
A la CNMC le llevó ocho años, con múltiples dificultades y vicisitudes, probar la existencia de ese cártel y sancionar por un importe total de 28 millones de euros a ocho empresas y la patronal gallega del sector, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga). Y es esta resolución de Competencia de 2019, que rebajaba de 80 a 28 millones las multas inicialmente impuestas, la que acaba de confirmar la Audiencia Nacional.
El tribunal, en nueve fallos que desestiman total o parcialmente los recursos de las industrias, considera acreditada la existencia del cártel. Ve suficientemente probado que, en un momento u otro o de forma continuada, empresas competidoras intercambiaron información sobre precios, estrategias y condiciones comerciales, así como sobre ganaderos con el fin de controlar el mercado. Compartían también datos sobre los excedentes de leche para hacerse con la gestión en un periodo en el que había cuotas lácteas (desaparecieron en 2015). Imponían sus condiciones y precios a los productores de leche, “privados de libertad para negociar y escoger sus clientes”. Era imposible vender la leche al mejor postor e intentar, en un mercado libre y competitivo, obtener mejor beneficio de su producción.
Los jueces, en sus sentencias, reseñan que “en el cártel han participado empresas” que copan más de la mitad del mercado lácteo en España. Y subrayan la duración de esas prácticas ilícitas, que se prolongaron durante años. Unas conductas que además “pueden tener un apreciable efecto en el comercio” de la Unión Europea “ya que la leche de vaca cruda es materia prima que las industrias lácteas posteriormente transforman” en productos que se venden también fuera de España.
Los múltiples correos internos, anotaciones, actas e informes sobre reuniones de las empresas, recabadas en sus sedes por inspecciones sorpresa de la CNMC, son pruebas validadas por la Audiencia Nacional. Y confirmó las sanciones impuestas al grupo Lactalis (11,69 millones de euros), Calidad Pascual (8,56 millones), Nestlé (6,86 millones), Schreiber (antes Senoble, proveedor de Mercadona, 929.644 euros) y Central Lechera Galicia (53.310 euros). Acreditado está que también participaron en el cártel otros gigantes del sector, aunque el tribunal ordena a Competencia revisar a la baja las multas porque la infracción prescribió en parte de los 13 años investigados.
Es el caso de Capsa (perteneciente a Central Lechera Asturiana), que había sido sancionada con 21,86 millones, de Danone (20,27 millones) y de Puleva (10,27 millones). La patronal gallega del sector, Aelga, también “participó en el cártel” pero la Audiencia anula la sanción impuesta por Competencia (60.000 euros) por considerar que no está suficientemente motivada.
Contador “en marcha” para reclamar
Las nueve sentencias de la Audiencia hechas públicas esta semana supone un duro varapalo para las industrias lácteas. Aún pueden recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Pero, por de pronto, van a tener que, desde ya, aprovisionar de sus cuentas con fondos suficientes para afrontar el pago de las multas impuestas y las previsibles miles de reclamaciones de los perjudicados por sus prácticas ilegales. El hecho de que la Justicia confirmara la existencia del cártel abre inexorablemente la puerta a indemnizar a las decenas de miles de ganaderos por lo que dejaron de percibir con la venta de leche en el periodo investigado, entre los años 2000 y 2013.
“Son muchos cientos de millones, el contador ya está en marcha”, advierten desde Unións Agrarias. Junto con el bufete Eskariam, representan a unos 12.000 granjeros perjudicados y ya están calculando cuánto van a reclamar para cada uno: el 10% de su facturación en venta de leche durante el periodo sancionado por la CNMC (2000-2013) más los intereses. Mucho dinero. Puede superar los mil millones de euros, calcula el bufete.
Y la cifra de afectados pueden considerablemente aumentar, dado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo amplió los plazos de prescripción, en el caso de cártel como este de la leche, para poder reclamar daños y perjuicios. Hasta el próximo mes de julio de este año, todo productor que entre los años 2000 y 2013 haya vendido leche a una de las industrias lácteas que operan en España, independientemente de que fuera sancionada o no, puede demandar una compensación económica. Y obtener reparación por las pérdidas que sufrieron, independientemente de que cerrasen entre tanto su granja, se jubilase o incluso falleciera.
En Unións Agrarias, no ocultan “felicidad y orgullo” por el fallo de la Audiencia, “un auténtico balón de oxigeno para los ganaderos asfixiados”. Y también para el sindicato que lleva dedicando muchos años y dinero a esta pelea en la que anima a todo ganadero de leche en activo o no a reclamar. “No todo es dinero”, comenta Felix Porto, “sino que se le pague lo justo a unos productores que están con el agua al cuello por estas prácticas abusivas”. Hay mercado, reseña, España sigue consumiendo más leche o productos lácteos de los que produce. “Y es bueno que las industrias generen riqueza y ganen dinero, pero no a costa del bolsillo de los ganaderos, imponiéndoles precios de venta muy reducidos”, reflexiona el portavoz del sindicato.
La batalla aún puede durar unos años en los tribunales. “Pero mientras seguirán corriendo los intereses” que habrán de pagarse en las reclamaciones de los perjudicados, advierte la organización agraria. Las industrias lácteas no habían, hace unos años, ni siquiera tomado en consideración la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con los afectados. Pero ahora, una vez confirmada la existencia del cártel, las multas millonarias y las futuras reclamaciones, seguir la batalla en el terreno judicial puede considerablemente disparar la factura que habrán de pagar.