Colectivos memorialistas piden al Estado protección para Meirás y la isla de San Simón ante la desidia de la Xunta

Fue Alberto Núñez Feijóo el encargado de reducir a su mínima expresión las políticas de memoria histórica del Gobierno gallego. Lo hizo al poco tiempo de tomar posesión como presidente, allá por 2009, tras derrotar contra pronóstico y por la mínima al bipartito de socialistas y BNG, muy activo en la materia. Su sucesor desde 2022, Alfonso Rueda, no ha modificado el rumbo. Una treintena de asociaciones así lo denuncian -hablan incluso de “beligerancia”- y han decidido remitirse al Estado: amparados en la Ley de Memoria Democrática, solicitan que el Pazo de Meirás y la isla de San Simón, campo de concentración franquista durante la Guerra Civil, sean declarados “lugares de memoria”.

Esta es una figura que recoge la norma aprobada en octubre de 2022 en los artículos de su sección cuarta y que implica dotarlos de “una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”. Justo lo que, a juicio de los impulsores de la reclamación gallega, organizados en la plataforma Iniciativa Galega pola Memoria, no hace la Xunta de Galicia. “No lleva a cabo ninguna actividad relacionada con los aspectos de memoria democrática de esos lugares”, explica a elDiario.es Matías da Torre, miembro del colectivo, “más bien parece que su objetivo es que caigan en el olvido”. La titularidad de San Simón, en la ría de Vigo, y de Meirás, residencia veraniega del dictador Francisco Franco y su familia en Sada (A Coruña), es del Estado, pero no su gestión. En el primer caso está cedida al Ejecutivo autónomo y en el segundo depende -temporalmente, mientras se aclara de todo su horizonte judicial- de un convenio interadministrativo.

En todo caso ambos espacios cumplen los requisitos establecidos por la ley para ser considerados “de memoria”. La expresión alude a “aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible” donde ocurriesen hechos relevantes vinculados a la “memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio”. Por San Simón pasaron más de 6.000 presos republicanos y demócratas entre octubre de 1936 y marzo de 1943. Los historiadores todavía no saben precisar cuántos de ellos murieron o fueron asesinados en el lugar, pero no pocos. El Pazo de Meirás acabó en manos de los Franco tras una colecta forzosa, armada por empresarios afectos a la la rebelión fascista agrupados en la Junta Provincial Pro Pazo Caudillo, en 1938. Allí pasó sus veranos la familia del dictador y allí firmó penas de muerte y recibió ofrendas y visitas. En 2020, tras años de lucha vecinal y del movimiento memorialista, el Estado recuperó la propiedad del lugar.

Es este mismo movimiento el que ahora denuncia “las actividades banalizadoras y mercantilistas en los usos de San Simón”. Ginkanas, noches de Samaín, búsquedas del tesoro o conciertos son algunas de las actividades que el Gobierno gallego permite en la isla “sin rigor ni criterio alguno”. “Lo han convertido en una feria en buena parte por los intereses de las navieras [que la comunican con la costa]”, afea Da Torre, “y donde las políticas de memoria quedan en el ostracismo”. Las referencias a su pasado como campo de concentración escasean desde que el PP relevó a PSOE y BNG en el Gobierno autonómico. “Lo que pedimos”, añade, “es un plan de usos acorde con la historia del lugar”. El artículo 50 de la Ley de Memoria Democrática expone que los lugares de memoria contarán con un régimen de protección y usos compatibles.

La situación de Meirás difiere. El Estado recuperó la propiedad hace cuatro años, pero el convenio interadministrativo que por el momento lo rige ha limitado las visitas hasta el punto, señala el investigador Carlos Babío, de que no se cumple la normativa autonómica sobre bienes de interés cultural (BIC). “La Xunta es connivente”, critica en conversación con este periódico.

Los expedientes para la declaración de lugares de la memoria los puede iniciar bien el Estado bien entidades memorialistas. Su plazo de resolución es como máximo de 12 meses. La Iniciativa Galega pola Memoria celebrará este domingo en San Simón su acto anual de homenaje a las víctimas de la dictadura. Se trata de una de las pocas actividades relacionadas con la causa que, en la actualidad, se realizan en la isla. La Xunta la dota con un presupuesto de 3.000 euros para fletar el catamarán que transporta a los participantes. El encuentro incidirá este año en “la necesidad de que sea declarada lugar de la memoria y cuente así con la protección adecuada para acabar así con una gestión más propia de un parque de atracciones que de un lugar de reclusión franquista”.